Acciones de Ecuador "insuficientes" en caso periodistas asesinados

Las acciones de Ecuador para proteger a los reporteros del diario El Comercio asesinados en la frontera con Colombia el año pasado "fueron insuficientes", concluyó el jueves un grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

"Las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario", señaló el informe final de un equipo de seguimiento (ESE) del caso designado por la CIDH, ente autónomo de la OEA. 

 

El reporte señaló que ese riesgo era generado tanto por la presencia de los grupos delincuenciales armados que operan en ambos países, así como por sus acciones y por los anuncios de atentados graves hechos en un canal de comunicación que mantenían con la inteligencia policial.

 

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, todos ecuatorianos, fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por disidentes de la extinta guerrilla colombiana FARC cuando realizaban un reportaje en la frontera con Colombia, donde operan bandas narcotraficantes. El gobierno ecuatoriano confirmó su muerte el 13 de abril y sus cuerpos fueron recuperados en junio. 

 

El informe del ESE descartó una "conducta temeraria" de los periodistas al ingresar al poblado fronterizo de Mataje, donde fueron retenidos. 

 

El equipo fue a "hacer un cubrimiento periodístico, no ingresó por el río, ni por una trocha, ni lo hizo saltando los controles", indicó el documento presentado en Washington ante familiares de las víctimas y funcionarios de Ecuador y Colombia.

 

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo durante la presentación que "hubo problemas en cuanto a la protección de periodistas en el terreno", tras la explosión de un retén policial que desató violencia en la zona.

 

"A partir de esta reconstrucción que hace el ESE uno encuentra que efectivamente, por ejemplo, la inteligencia policial de Ecuador tenía muchos más elementos para saber que había una situación de riesgo extremo", expresó.

 

Lanza planteó que ambos países podrían abrir nuevas investigaciones, al señalar que "hay elementos en las autopsias que indican que no fue una ejecución clásica".

 

El relator destacó que el informe no busca señalar responsabilidades de los Estados, sino establecer recomendaciones para Ecuador y Colombia. Entre ellas mencionó la concreción en Quito de la puesta en marcha de un comité institucional para la protección de periodistas.