Aborto por violación: el costo político de Lasso ante el veto parcial

El presidente Guillermo Lasso, este 15 de marzo de 2022, anunció el veto parcial al proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sexual aprobado por la Asamblea Nacional. El Primer Mandatario incorporó 61 objeciones al texto original.

Pero ¿el contenido de este trámite jurídico le significó algún costo político? ¿Hacia qué sector se inclina el veto? y ¿cuáles son los cambios principales? Veamos.

MENOR COSTO POLÍTICO

La decisión de Lasso no convenció a los grupos provida que se oponen al aborto en cualquier causal ni tampoco a las organizaciones de mujeres feministas.

Para Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), un veto total hubiese sido complicado por el costo político que "hubiera sido muy alto, pues suponía que la norma no podría volverse a tratar durante un año". Mientras que, optar por un veto parcial, "no contenta ni a los unos ni a los otros, por el contrario, pero abrió el camino para que el país cuente con una norma de manera definitiva" según las directrices de la Corte Constitucional.

Para Alarcón, el veto parcial, no respondió a "una estrategia política, más bien apuntó a que el costo no sea tan alto, conscientes de que hay problemas al interior de la Asamblea".

De acuerdo al politólogo Pedro Donoso, la decisión, políticamente hablando, no fue acertada. "El error de Lasso es profundo porque no acompañó el proceso". Sostiene que el Primer Mandatario "debió ser más hábil" y acercarse a escuchar los argumentos de los grupos feministas y los provida. "El costo político de este veto es que ningún lado esté de acuerdo".

En la misma línea agrega que, si el presidente Lasso se hubiese decidido por el veto total, "hubiera sido terrible para las mujeres y niñas violadas", pero subraya que, "a nivel de estrategia política no hubiera sido descabellado de parte del Gobierno de Lasso, pues de alguna u otra manera contestaba a uno de los dos bandos".

Por ahora, en la Asamblea empieza a correr el tiempo. 30 días tiene el Legislativo para revisar las modificaciones hechas por el Gobierno. Para conservar el proyecto de manera original se necesitarán 92 votos, mientras que si se allanan de forma total o parcialmente a las objeciones del Presidente, solo serán necesarios 70 votos.

Para el analista Donoso, el escenario menos probable es que se logre el apoyo de los dos tercios de la mayoría. En ese sentido, considera que la situación es difícil, y explica las razones: "el tejido social en Ecuador está roto y el problema es que nuestra clase política no sintoniza con esa gravedad, de una u otra manera, prefieren sostener sus niveles de aprobación porque al ser Ecuador un país católico la posición antiderechos de mujeres es bastante prominente".

PRINCIPALES OBJECIONES

LOS PLAZOS

Entre las modificaciones que solicita Lasso al Legislativo, consta la unificación de los plazos a 12 semanas para las mujeres y niñas en zonas urbanas y rurales. Por su parte, la Asamblea había aprobado el mismo número de semanas para mujeres que viven en áreas urbanas, mientras que para mujeres de la ruralidad eran 18 semanas.

Frente a los tiempos no hay acuerdo. En la sentencia emitida por la Corte Costitucional se estableció que los plazos debían ser fijados “con criterios técnicos y médicos”. Sin embargo, a la unificación en el plazo, propuesto por el presidente, grupos provida mostraron su desacuerdo, esperaban el veto total.

Los grupos feministas también rechazan la reducción de plazos, pero por otras razones, pues argumentan que, sobre todo, las niñas se verán afectadas, debido a que por razones biológicas y socioeconómicas, se dan cuenta de sus embarazos de forma tardía.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Guillermo Lasso, además, en su comunicado publicado en Twitter expresó que garantizará la objeción de conciencia a "todos los profesionales de salud”.

Lo que significa que la modificación permitiría a médicos y casas de salud privadas negarse a cumplir con el procedimiento de aborto en casos de violación. Además, agrega que no se abrirán procesos judiciales contra el personal médico.

Sin embargo, en el texto Lasso prohíbe alegar la objeción de conciencia de forma institucional, es decir, en hospitales públicos.

LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN

El Ejecutivo también incluye más requisitos para que las víctimas de violencia sexual puedan realizarse un aborto, pues cuestionó que el texto emitido por la Asamblea establecía que la víctima debía llenar solo un formulario único para la interrupción del embarazo.

Entre ellos consta que la víctima debe presentar una denuncia de violación a Fiscalía o entregar una declaración juramentada por haber sido violada. Mientras que, en el caso de menores de edad, lo podrá hacer su representante legal. El Primer Mandatario también establece que se practique un examen de salud que se certifique los indicios de una violación.

AQUÍ EL VETO COMPLETO (DESCARGAR) :