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QUITO, Ecuador.- Informe de Contraloría halló irregularidades en adquisición de dispositivos de seguridad. Foto: API/Archivo.
Informe revela más de 9 millones en pérdidas por irregularidades en dispositivos.
La Contraloría emitió un informe el 24 de octubre de 2018 en el que se encontraron irregularidades en la adquisición de grilletes electrónicos, y determinó indicios de responsabilidad penal contra la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, otros funcionarios de esa entidad, y el representante de la empresa "China National Electronics Import &Export Corporation (Ceiec), durante el período de adquisición de dichos artefactos, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018.
Entre las anomalías encontradas se identificó una pérdida económica de más de $ 9 millones.
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De acuerdo con el documento, “la contratación no se sustentó en estudios y diseños completos, definitivos y actualizados” que permitieran establecer la cantidad de dispositivos comprados.
“La plataforma informática y los dispositivos de geo posicionamiento electrónico no cumplieron con el objeto del contrato”, lo que ocasionó un perjuicio de $9 598.719 millones al ministerio, valor correspondiente del anticipo.
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De esos equipos, el 81.5% fue destinado para arrestos domiciliarios; y el 97%, para el programa de protección de víctimas, y estuvieron “304 días sin utilizar”.
Otros 1 500 dispositivos se entregaron tarde y esto provocó “multas de $ 109 699, que no fueron cobradas por la entidad”.
También se explica que la compra de 100 equipos de reconocimiento facial por $ 193 mil tampoco fue sustentada técnicamente y estos artefactos “se encuentran sin utilizar”.
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Como parte de las irregularidades, se generó una multa de $603 348 en contra del contratista por 44 días de demora en la entrega de productos informáticos. Sin embargo, la Contraloría sostiene que esos rubros no fueron cobrados por el Ministerio de Justicia.
Este informe trasciende en medio del escándalo producido por la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y la renuncia del ministro de Justicia, Paul Granda, quien instó en su dimisión a investigar el equipo de trabajo del Ministerio de Justicia, ya que el país fue engañado.
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