25 sep 2019 , 04:30

30S: Correa y Martínez ofrecían dinero, según expolicías

   

Según los exuniformados, les ofrecieron hasta casa para que incriminen a sus compañeros.

Pamela Martínez y Rafael Correa habrían ofrecido dinero y hasta una casa a dos expolicías para que incriminen a sus compañeros en el caso de supuesto intento de magnicidio durante la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 (30S). Así lo denunciaron los agentes que fueron acusados. 

 

Desde la Asamblea Nacional, aseguran haber sido perseguidos por el Gobierno anterior y por los jueces que estaban a cargo de los temas del 30S,  más aún si no se alineaban con la teoría de un presunto intento de magnicidio. “El expresidente de la República directamente, Laura Terán coordinaba mis invitaciones dentro del palacio de Gobierno, ellos me ofrecieron casa, salud y vivienda para que yo incrimine a mis compañeros”, expresó Nelson Puentestar, excabo de Policía.

 

Marcelo Bonifaz señaló directamente a la exasesora del despacho presidencial. “Fui abordado tres veces por la ahora exjueza de la Corte Constitucional, me ofrecían el indulto y lo mismo, dinero, para que yo pueda firmar ese documento y acusar a más de 1.100 policías, que el 30S era verdad”.

 

A esto se suman cientos de correos electrónicos que son parte de las evidencias del caso “Sobornos 2012-2016”, en el que Laura Terán comparte mensajes y archivos con Martínez, los cuales confirman un seguimiento minucioso de los casos abiertos por el 30S. 

 

Sandra Jiménez, hermana del cabo Froilán Jiménez, quien falleció durante la salida del expresidente Correa, del hospital de la Policía, acompañó las denuncias. “En cinco días, cumpliremos nueve años de esta agonía y de esta espera, no solo hay un autor material quien disparó, hay también autores intelectuales porque alguien dio la orden de que los militares acudan armados”.

 

De allí que pidieron a la Asamblea que exhorte a la Fiscalía para investigue con transparencia y urgencia estos casos, además al presidente Lenín Moreno para que reconozca un fraude procesal en las acciones judiciales por el 30S.

 

 

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