El 23 de octubre se conocerá si Rafael Correa va a juicio por secuestro a Fernando Balda

La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, fija fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso Balda. El 23 de octubre de 2018 se sabrá si el expresidente de la República, Rafael Correa, va a juicio por asociación ilícita y secuestro al activista Fernando Balda, ocurrida en 2012 en Colombia.

En la diligencia, prevista para las 11H00, la magistrada también se pronunciará sobre la suerte del extitular de la Secretaría de Inteligencia, Pablo Romero; y de los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, los otros tres procesados por esos delitos.

El 27 de septiembre de 2018, la jueza suspendió la cuarta jornada de audiencia preparatoria de juicio y quedó en notificar a las partes respectivas sobre la reinstalación de la diligencia.

En esa última parte, Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, expuso sus alegatos de defensa. El jurista rebatió los elementos presentados por el fiscal general encargado Paúl Pérez y el acusador particular."Estoy refutando uno a uno, tratando de demostrar que estos no tienen la suficiente fuerza para poder irnos a la aventura de un juicio", expresó en su momento.

Sin embargo, si la magistrada decide llamar a juicio al exmandatario, su defensa anunció como posibles testigos a varios de exintegrantes de su gabinete, entre ellos, Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación; Ledy Zúñiga, exministra de Justicia; Homero Arellano; exministro coordinador de Seguridad; Rommy Vallejo y Raúl Patiño, exsecretarios de Inteligencia; y Alexis Mera, abogado y exsecretario jurídico de la Presidencia.

En una diligencia anterior, la defensa de Balda denunció la visita de la asambleísta del correísmo, Sofía Espín, a la exagente Diana Falcón, en el centro de rehabilitación social femenino de Quito, presuntamente como intento de presión para que la procesada cambie su versión a favor del exmandatario, a cambio de beneficios de la ONU. Esta visita, que las autoridades del Gobierno catalogan como "irregular", es investigada por la Fiscalía, mientras que la legisladora enfrenta una investigación administrativa en la Asamblea Nacional.