Ciudadanos y activistas exigen que se revisen las concesiones mineras en el Chocó Andino

Pobladores y activistas del Chocó Andino, una reserva de la biósfera situada cerca de Quito, exigieron al Estado que revise las concesiones mineras en ese territorio, en cumplimiento de una consulta popular nacional de hace un año que prohibió la minería metálica en esa zona.

Así lo planteó el colectivo Quito sin minería, que promovió esa consulta popular y que ahora reclama el cumplimiento de la sentencia aprobada en ese plebiscito.

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El Chocó Andino, a solo una hora y media del bullicioso tráfico de Quito, se despliega como un bosque húmedo subtropical, donde la exuberante vegetación alberga una rica fauna donde destacan los osos de anteojos y una variedad de colibríes y cotingas que revolotean con confianza en el lugar.

Hace ya un año, el 20 de agosto de 2023, la población de Quito, con un 68 % de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124 000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

Inty Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, exigió que se revisen las concesiones mineras entregadas en esta reserva de la biósfera y se tomen las acciones necesarias para cumplir con un mandato de la Corte Constitucional, que ratificó la decisión del plebiscito.

En la zona existen doce concesiones mineras metálicas y otras seis en trámite que abarcan aproximadamente 27 000 hectáreas.

Arcos recriminó a las autoridades por la falta de transparencia al declarar que no se ha recibido información sobre lo que está sucediendo con sus licencias ambientales, de aprovechamiento o de actividades económicas.

El hecho de que no se respete la voluntad popular, según Arcos, socava el proceso democrático que se llevó a cabo: "Lo que está en juego aquí son las estructuras democráticas del país, del Ecuador, hay que respetar eso, sino, ¿en qué tipo de dictadura estamos viviendo?", declaró el activista.

"Aquí elegimos esto, naturaleza, vida para todos, para todas, agua, oxígeno, salud", añadió Arcos, que reclamó a las autoridades respetar lo refrendado por la sociedad quiteña.

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Este viernes, dirigentes de Quito sin minería participaron en una reunión en la que estuvieron presentes representantes del Ministerio de Energía y Minas, de la cartera de Ambiente, del Municipio de Quito y de las pequeñas mineras de la zona, entre otros, con el objetivo de conocer la situación de las concesiones y analizar cómo aplicar el mandato de la consulta popular.

Teolinda Calle, procuradora del colectivo Quito sin minería, declaró tras ese encuentro que, en su opinión, "el Estado no tiene una intención clara de cumplir con el dictamen".

En la reunión, destacó Calle, también se expusieron las amenazas que algunos miembros de su organización en las parroquias han recibido por parte de mineros.

La tenacidad de los jóvenes de la zona ha sido fundamental en la defensa de la naturaleza y el modo de vida de las cerca de 20 000 personas que viven en este espacio declarado en 2018 como Reserva de la Biósfera de la Unesco.

Esteban Barriga, un joven miembro de Quito sin minería, declaró que uno de los ejes fundamentales de la organización es el activismo y el voluntariado, a través de los cuáles han activado a más de 2 000 personas, entre las que, a su parecer, la juventud tiene gran presencia y representa entre un 50 y un 60 % del colectivo.

Lo que buscan en la organización es un modelo de desarrollo sostenible, en el que el extractivismo minero no tiene cabida, y en el cual la juventud esté presente en los espacios de toma de decisiones estratégicas y en los espacios de acción, añadió.

"El interés de los y las jóvenes es justamente poder encontrar estos espacios que permiten una armonía en el modelo en el que estamos viviendo ahora", declaró Barriga.