Ecuador podría convertirse en el quinto país de América Latina en despenalizar el aborto por cualquiera de sus causales

Ecuador podría convertirse en el quinto país de América Latina en permitir que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, puedan hacerlo sin condicionamientos.

El pasado 19 de marzo, ocho organizaciones feministas y de derechos humanos, agrupadas en el movimiento Justa Libertad, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda que busca despenalizar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga con uno a tres años de cárcel a quien practique el aborto y de seis meses a dos años a la mujer que opte por él.

En abril, la demanda fue admitida y hoy las organizaciones sociales piden que se trate con urgencia, pues consideran que corresponde a un problema de salud pública.

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En 2021, la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar un reglamento para su cumplimiento. El resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso introdujo cambios que, a su criterio, limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Hoy, este procedimiento únicamente se acepta en casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre. ​​​​​​

Para la abogada Ana Cristina Vera, integrante del centro de apoyo y protección de los derechos humanos, Surkuna, y del movimiento Justa Libertad, es urgente que el aborto se considere un tema de salud pública para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

A su criterio, las causales que permiten esta práctica son muy limitados, pues la primera, para precautelar la salud y vida de la madre, es tan abierta, que los profesionales "no saben realmente cuándo pueden aplicar un aborto legal".

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La causal violación, mientras tanto, engloba problemas mayores.

Cifras de la alianza regional de organizaciones 'Niñas, no madres', expusieron que entre enero y abril de 2024, Ecuador registró 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años.

De 2019 a 2023, se registraron 4 937 niñas menores de 14 años embarazadas, según datos del Mapeo de Embarazo Adolescente (MEA). Y solo el año pasado, se registraron 177 embarazos diarios de niñas y adolescentes. El 80 % de ellos fueron resultado de abusos sexuales.

A ello se suman las cifras de mujeres mayores de edad. En lo que va del 2024, el Consejo de la Judicatura ha recibido 1 040 denuncias por violación y 560 por abuso sexual.

A pesar de las alarmantes estadísticas, Ana Vera señala que desde la despenalización del aborto en el 2021, apenas hay registro de 93 mujeres, adolescentes y niñas, que accedieron al procedimiento, según cifras oficiales.

La especialista agrega que las bajas cifras de abortos no significan que el resto de embarazos llegue a término, sino que revela un problema aún mayor: la clandestinidad. Las jóvenes y adultas que no desean ser madres, deben acudir a centros no autorizados que ponen en riesgo su vida.

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Las cifras, nuevamente, son prueba de ello. Los registros desde el 2014 detallan que 500 mujeres fueron criminalizadas por este delito y el 70 % de esos casos se alertaron desde el sistema de salud pública al que llegan con complicaciones, después de realizarse procedimientos clandestinos. Desde el sistema de salud privado no se registran denuncias.

Agregó que, según datos del Ministerio de Salud Pública, el 15 % de muertes tienen que ver con pacientes con dificultades en su embarazo.

Si el aborto se despenaliza, el Estado ecuatoriano deberá garantizar condiciones de seguridad y salud pública para que todas las personas con capacidad de gestar puedan acceder a este procedimiento.

El procedimiento regular dicta que, luego de que la demanda sea admitida por la Corte Constitucional, notifica a las autoridades correspondientes para que se pronuncien sobre la causa. La Corte ya pidió posturas a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General del Estado. Con ello, y las intervenciones de los interesados, se realiza un análisis en el Pleno y luego se votará para determinar si la penalización del aborto es inconstitucional o no.

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Si el delito se elimina, Ecuador se sumaría a México, Colombia, Argentina y Uruguay, en América Latina, en despenalizar el aborto en todas sus causales.

Datos recopilados por el movimiento Justa Libertad exponen que en el Ecuador, la mayoría de la población está en contra de que una mujer vaya presa por abortar. Si bien pueden no estar de acuerdo con el aborto, ocho de cada 10 ciudadanos está en contra de que una mujer vaya a la cárcel por practicarse este procedimiento.

Para Ana Vera, esta cifra evidencia un avance en la lucha por los derechos y la posibilidad de que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva.