Según la Fiscalía, el esquema de corrupción habría causado un perjuicio por $7 millones.
Luego de varias postergaciones, desde la mañana de este 4 de octubre de 2018 se desarrolla la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado contra de cuatro procesados: dos exgerentes de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelly y Álex Bravo, Diego Tapia, exfuncionario petrolero; y Jorge Vivar, empresario privado. En el esquema de corrupción se habrían realizado contratos que provocaron un perjuicio por unos $7 millones.
Según la Fiscalía de Pichincha, existen elementos de convicción para comprobar el delito. De acuerdo a un informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, de 2016 presentado por Fiscalía, los exfuncionarios fueron resposnables de la firma de un contrato para la recuperación de condensados de la Refinería de Esmeraldas por $27 millones.
Mario Salazar, fiscal del caso, señaló que en dicha contratación, habría existido un incremento injustificado de $23 a $27 millones.
Según Miguel Arévalo, abogado de Pareja Yannuzzelli, “el informe de Contraloría es un informe mañoso, La primera testigo realmente hubo muchas contradicciones”.
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Diego Velasco, abogado de Álex Bravo, desestimó el informe de la Contraloría en el que se basó la Fiscalía para la acusación.
“El señor Bravo no fue el administrador del contrato, no suscribió el contrato, no fue parte de la Comisión Técnica”, indicó Diego Velasco.
La Fiscalía también acusó a los exfuncionarios de la estatal petrolera de no haber ejecutado multas por incumplimiento del contrato a Vivar.
“No contiene los análisis que corresponde a un proceso contractual y de ejecución. Por ejemplo, no analiza los incumplimientos contractuales de Petroecuador, lo cual se ha evidenciado”, dijo Juan Pablo Torres, abogado de empresario procesado.
La defensa de Diego Tapia también cuestionó a la Fiscalía por la acusación. “Quien hizo el examen especial no lo nombró, simplemente dijo que era gerente de Refinación”, manifestó Lenin Pérez, abogado de Tapia.
Este es el cuarto proceso penal que enfrenta Carlos Pareja, pues ha sido sentenciado a seis años de pena privativa de libertad por delincuencia organizada; a cinco años por cohecho y a 10 años por enriquecimiento ilícito.
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