Ellos compraron camas, colchones, pero al cabo de once meses se suspendió el curso de formación porque este se abrió sin presupuesto.
En la anterior administración de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) se crearon cursos para la formación de 1.400 vigilantes sin que existiera una partida presupuestaria para estas nuevas plazas de trabajo.
Familiares de los aspirantes se sienten estafados por la CTE, ya que estudiron once meses hasta que estos cursos que se dictaban en Guayaquil se suspendieron en diciembre pasado hasta que se asigne presupuesto.
“Nos parece una humillación lo que han hecho, nos endeudamos, los chicos renunciaron a sus trabajos para ser parte de la CTE”, comenta Éricka Sinchiguano, familiar de un aspirante, que recibió a Ecuavisa en su casa.
"Debíamos tener 6 mil dólares entre tantos gastos que debíamos hacer para que ingrese cada aspirante; nos pusieron comedor a dedo, seguro médico a dedo", denuncia Sinchiguano.
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En los cuartos donde descansaban los aspirantes permanecen ahora sin uso todas las camas y colchones que fueron comprados por sus padres. En otros años era el Estado el que cubría estos gastos.
Paúl Cabrera, coordinador general de formación de la CTE, recalca que este curso fue convocado en el anterior Gobierno, el de Lenín Moreno, y asegura que no existía una certificación presupuestaria tal como lo dispone la Ley.
Todo inició en diciembre del 2020, cuando la CTE hizo la convocatoria a los cursos de formación. Un total de 9.560 aspirantes se interesaron y pagaron por sus pruebas médicas, por lo que se recaudaron casi 5 millones de dólares; sin embargo, la institución solo tenía 1.400 cupos disponibles.
Pero hay algo peor, estos 1.400 agentes, una vez graduados, no iban a ser contratados por la CTE, ya que no existe presupuesto para enrolarlos, es decir no se asignó dinero para crear nuevas plazas de empleo para ellos.
El actual coordinador general de formación de la CTE menciona que hace varios meses enviaron al Ministerio de Finanzas una propuesta para que asignen los recursos, pero la cartera de Estado aún no responde. Se necesitan 12 millones de dólares, dice el funcionario.
Y aún cuando se asigne ese dinero, las plazas de trabajo no se abrirían para todos los qaue se gradúen. Se haría "por orden de prelación" según las calificaciones que obtengan en su formación.
Pero sin presupueso, las clases siguen suspendidas pese a que los aspirantes ganaron una acción de protección concedida por una jueza de Pasaje, en la provincia de El Oro, que dispuso que los cursos se reinstalen.
Contraloría investiga el caso, pero aún no se identifican a los responsables de lo que los familiares de los aspirantes llaman la gran estafa de la CTE.
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