Existen por lo menos 5 supuestas cooperativas que están cobrando hasta $100 por un terreno.
Decenas de personas denunciaron haber sido estafadas por una supuesta cooperativa de vivienda, que ofrecía lotes en Monte Sinaí. Según las autoridades, los acusados negociaban terrenos del Estado y con ello promovían nuevas invasiones.
María Merchan, desde hace tres años vive en la cooperativa Tres Hermanos, hace seis meses se enteró de que su predio, no era legal. Estaba asentada en terrenos del Estado, esto pese a que un familiar pagó 500 dólares por el lote que formaba parte, supuestamente, de un plan de vivienda popular. Merchan decidió poner la denuncia en la Fiscalía y en la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares.
“Pero las personas no viven aquí, personas son de afuera y no quieren hablar por temor”, dijo Merchán.
Pero no es el único caso. Por lo menos 140 personas más han presentado denuncias similares identificando a tres dirigentes, quienes fueron detenidos el pasado martes y son acusados de tráfico de tierras.
La Intendencia de Economía Popular y Solidaria, detalló cómo las personas pueden conocer si las cooperativas donde viven están legalmente constituidas.
David Ruales, quien está al frente de la entidad advirtió que existen decenas de cooperativas de vivienda que están tramitando su constitución, sin embargo, eso no garantiza que estén aptas para vender terrenos. “22 cooperativas de vivienda registradas en toda la provincia del Guayas, cualquier otra organización, está actuando al margen de la ley”, dijo.
El secretario técnico de Prevención de Asentamientos Irregulares, Julio César Quiñónez, señaló que existen por lo menos cinco supuestas cooperativas que están cobrando hasta 100 dólares a quienes buscan un terreno donde vivir.
“No puede existir cooperativa de vivienda si esa cooperativa no tiene de respaldo lotes, predios y todo lo que la ley menciona y peor aún puede existir una cooperativa de vivienda en un sector que es propiedad del Estado”, señaló Quiñónez.
Pidió además a quienes se sientan afectados, que denuncien estos hechos antes de que inicien los desalojos en varios sectores de Monte Sinaí, donde se han detectado nuevas viviendas.
En el Código Integral Penal se sanciona el tráfico de tierras con prisión de tres a cinco años.
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