El 13 de diciembre se hará la consulta antiminera en Cuenca

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, fijó para el próximo 13 de diciembre la fecha de la realización de una consulta popular contra de la minería metálica en el cantón andino Cuenca, donde se emplaza la tercera ciudad del país.

 

"No tenemos otra posibilidad de postergar", manifestó Atamaint, tras reconocer que la fecha anunciada responde a los plazos previstos por la legislación, y que hubiera sido de su preferencia que coincidiera el plebiscito con las elecciones generales, previstas para el próximo año.

 

La presidenta del CNE indicó que el pasado 29 de septiembre la Corte Constitucional notificó a la entidad sobre los plazos indicados para la celebración de la consulta en Cuenca.

 

Al respecto, precisó que la convocatoria oficial de la consulta la hará el 14 de este mes y que su celebración será el 13 de diciembre.

 

Atamaint insistió en que los plazos "están en la ley", si bien expresó que era partidaria de hacer coincidir la consulta popular antiminera con la jornada electoral por el ahorro presupuestario que supondría.

 

"Hubiese sido mejor para el país por el ahorro de recursos, poner la papeleta en la segunda vuelta, en el 2021", aclaró.

 

El pasado 8 de septiembre el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, solicitó a la Corte Constitucional la opción celebración de consulta popular para conocer la posición de la ciudadanía sobre una eventual prohibición de la actividad de minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos de la comarca.

 

La Corte emitió el pasado 21 de septiembre un dictámen favorable a las cinco preguntas planteadas por el Municipio de Cuenca.

 

En diciembre la población cuencana decidirá si está conforme con la actividad minera en los ríos Tarqui, Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Norcay, que abastecen de agua a todo el cantón.

 

La titular del órgano electoral agregó que la entidad que dirige analiza los pasos a seguir para poder realizar la convocatoria, para la que se prevé una inversión de al menos un millón de dólares.

 

"En este momento las áreas técnicas están trabajando en el presupuesto operativo para ejecutar esta consulta", afirmó.

 

El Gobierno de Ecuador ve en la minería un salvavidas para inyectar dinero rápido a las arcas públicas, pese a la oposición de ecologistas e indígenas por el alto coste ambiental y social que representa.

 

Desde sectores ambientalistas censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico, y que se presente a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.