Ecuador rechaza informe de HRW sobre violencia policial contra manifestantes

El gobierno ecuatoriano rechazó el martes las denuncias de la organización Human Rights Watch (HRW) sobre el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y dijo que esos señalamientos se enmarcan en una "animadversión" contra mandatarios de izquierda.

 

Apoyada en testimonios de abogados, detenidos y activistas afines, la organización internacional de defensa de derechos humanos denunció que "decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidos violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas", tras las marchas convocadas contra el gobierno de Rafael Correa el 17 y 18 de septiembre, según un informe publicado el lunes en Nueva York.

 

El ministro del Interior, José Serrano, responsable de la Policía ecuatoriana, reprochó en duros términos al chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, por lo que consideró un informe con "grandes mentiras y farsas".

 

"Es una aberración lo que dice Vivanco (...), lo que él dice ahí es una serie de mentiras, manipulaciones sobre derechos humanos", dijo Serrano al canal Gama TV.

 

Hace poco más de un mes, miles de manifestantes marcharon en Quito contra varias políticas e iniciativas de Correa, en una protesta que derivó en enfrentamientos con la policía. Según autoridades, 34 policías sufrieron heridas, algunas de gravedad, y 53 personas fueron detenidas, la mayoría estudiantes.

 

"Los manifestantes que recurren a la violencia deberían asumir que se les exigirá responder por sus actos, pero en ninguna circunstancia deberían sufrir tormentos mientras permanecen detenidos, ni deberían ser vulnerados sus derechos de debido proceso", dijo Vivanco en el informe titulado "Embestida policial durante protestas".

 

Al respecto, Serrano aseguró que la policía ni siquiera empleó gases lacrimógenos contra los manifestantes y que los enfrentamientos estallaron cuando los estudiantes atacaron con piedras y palos a los uniformados.

 

"El señor Vivanco tiene que demostrarle al mundo entero, efectivamente, quién le financia, de dónde obtiene los recursos y a qué se debe esta animadversión que tiene contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica", indicó el ministro. 

 

Serrano enfatizó en que apenas tres de los 2.600 uniformados que participaron en el operativo están siendo investigados por presuntas agresiones a manifestantes, y que todos los detenidos -la mayoría liberados- fueron sometidos a exámenes médicos que descartaron supuestas torturas.