Ecuador presenta proyecto ante Asamblea General de OEA para reformar la CIDH
El Gobierno ecuatoriano pide la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador ha puesto la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la agenda de la 44 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) al presentar un proyecto de resolución que plantea el cambio de su sede y de su financiación.
El proyecto, al que tuvo acceso hoy Efe, hará que se trate de nuevo el tema en el foro político más importante de la OEA, cuya temática preliminar no lo incluía.
La Asamblea, que se inaugura hoy y durará hasta el jueves, reúne a la gran mayoría de los cancilleres del continente y a altos funcionarios del resto, excepto de Cuba, que no participa.
El documento recoge algunas de las propuestas que Ecuador impulsa desde hace varios años, como impedir que ciertas áreas de la CIDH estén mejor financiadas que otras, pues mantiene que es injusto que la Relatoría de Libertad de Expresión cuente con más recursos.
Esa Relatoría ha criticado los procesos judiciales emprendidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra periodistas y opositores.
El proyecto de resolución pide la creación de un fondo único para recoger donaciones de los Estados para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, "que no podrán ser condicionadas ni direccionadas" y encarga un estudio sobre la financiación "equilibrada" de las relatorías.
También plantea que la sede de la CIDH salga de Washington, país al que Correa ha acusado de dominar con su influencia a la OEA.
El proyecto recuerda que Haití, Costa Rica y Guatemala han ofrecido acoger a la CIDH, que se encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos en la región, y pide a los países miembros de la OEA que consideren esas ubicaciones o que propongan otras.
El secretario general de la entidad, José Miguel Insulza, rechazó ayer cambiar la sede porque a su juicio requeriría cambiar los tratados por los que se rige la OEA.
El proyecto de resolución también pide "una revisión rigurosa de los mandatos de las relatorías, así como de las fuentes y metodología" para la elaboración de sus informes.
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