Ecuador podría ser sancionado si se confirma matanza indígena

En 2006 el Ecuador reafirmó su compromiso de velar por la vida y la integridad de los grupos en aislamiento voluntario después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para proteger a  los tagaeri y taromenane que habitan en la selva Amazónica.

Eduardo Pichilingue, excoordinador del Plan de Medidas Cautelares, institucionalizado por el régimen, sostiene que pese a que se determinó una serie de estrategias para defender sus derechos, los esfuerzos han sido insuficientes.

A criterio de Mario Melo, experto en Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano no actuó oportunamente pese a que un grupo de taromenanes asesinó a dos ancianos huaorani, el 5 de marzo pasado, y hubo una advertencia de venganza de quienes luego habrían perpetrado el ataque.

Por ello sostiene que el Estado podría verse obligado a cumplir medidas de reparación si es que así lo solicita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que el tema llegue al organismo.

Para el Gobierno, sin embargo, las supuestas muertes ocurrieron por un conflicto entre familias, más no por la actividad petrolera de la zona, así lo manifestó el presidente Rafael Correa en su último enlace.

Hasta el momento, el Gobierno no ha podido constatar que haya existido una matanza.

Luego de una reunión mantenida entre autoridades del régimen y dirigentes huaorani, este fin de semana, se acordó ingresar conjuntamente a la zona del incidente, y suspender una incursión terrestre que se anunció la semana pasada.