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Seis municipios recibieron recursos estatales para enfrentar las emergencias generadas por los incendios forestales
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas detalló que los recursos entregados corresponden, en parte, a pagos atrasados a municipios.
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Imagen referencial de zonas afectadas por incendios forestales. ( )
Seis municipios afectados por los incendios forestales de las últimas semanas recibieron recursos estatales para enfrentar las emergencias. El Ministerio de Economía y Finanzas informó el 21 de noviembre que transfirió USD 1,58 millones para ese propósito.
En un comunicado, la institución detalló que los recursos entregados corresponden, en parte, a pagos atrasados de Gobiernos anteriores y se distribuyeron de la siguiente manera:
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El Ministerio de Economía resaltó que, con estos fondos, los municipios podrán ejecutar acciones inmediatas para atender a las zonas afectadas, sus pobladores y garantizar la dotación de servicios públicos.
18 500 hectáreas de bosques afectadas por los incendios en Loja y Azuay
Entre el 1 y el 20 de noviembre, los incendios forestales en Loja y Azuay arrasaron con 18 500 hectáreas de cobertura digital.
En Loja, desde el 1 de noviembre hasta la fecha se han registrado 47 incendios forestales que han afectado a 11 cantones. Estos causaron la pérdida de cerca de 10 700 hectáreas de cobertura vegetal. Actualmente, esta provincia registra cuatro incendios activos y uno controlado.
El titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) también mencionó la situación en Azuay, donde, desde el 1 de noviembre, ocurrieron incendios en 14 cantones, lo que ha ocasionado la pérdida de 7 800 hectáreas de cobertura vegetal.
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El pasado lunes 18, la presidenta del COE, Inés Manzano, confirmó la declaratoria de emergencia nacional por crisis climática que se evidencia en incendios forestales, déficit hídrico y sequía, ante la situación que se vivía en el país.
Este miércoles, Manzano reiteró en que se buscará a los delincuentes que causaron los incendios y se les juzgará por estos casos que, consideró, van “más allá de un delito ambiental” y para los cuales gestionan denuncias por “delitos ambientales, terrorismo, sabotaje y delitos contra la vida humana”.
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