El gobierno plantea absorber o fusionar 19 de las 118 entidades que tiene el Ejecutivo

Un mes después del anuncio, el Gobierno de Daniel Noboa Azín eliminó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Los ministerios del Interior y Defensa asumieron, desde este jueves 1 de febrero de 2024, sus atribuciones y competencias.

La supresión forma parte de un Plan de Reducción del gasto público, cuya primera etapa consistió en la optimización de entidades de la Función Ejecutiva, logrando un ahorro- según el Ministerio de Trabajo- de USD 5 millones con el término de los contratos ocasionales que estaban vigentes hasta diciembre del año pasado.

En la segunda etapa, que ya está en marcha, se busca absorber o fusionar 19 de las 118 entidades del Ejecutivo. Encabeza la lista, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, que tiene 759 empleados e implica un costo anual en salarios de USD 13,2 millones.

Sigue la de Regulación, Control y Vigilancia sanitaria (Arcsa) con 589 trabajadores y un gasto en sueldos de USD 12 millones por año. Y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en cuya nómina constan 413 colaboradores, que anualmente representan USD 7,4 millones.

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En total, en las 19 entidades, hay 3 812 servidores públicos y el gasto corriente anual asciende a USD 68,9 millones.

Para la desvinculación de personal, la Cartera contempla dos vías: hacer cumplir el decreto que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República y revisar las contrataciones colectivas, que fueron inscritas sin contar con los informes que se requieren del Ministerio de Economía.

Como una tercera parte del plan, el ejecutivo también prevé reducir el tamaño de las entidades de los sectores estratégicos. Como las corporaciones nacionales de telecomunicaciones, CNT, la Eléctrica del Ecuador, Celec, la de Electricidad, Cenel y Petroecuador.

Las cuatro suman 27 776 funcionarios y USD 786 millones anuales en salarios, de acuerdo a cifras de la cartera de Finanzas. 94 % costo total de sueldos del estado, que destina USD 836,5 millones al año a sueldos de servidores de empresas públicas.

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