Más de 800 000 personas deben pensiones alimenticias en Ecuador

El número de deudores de pensiones alimenticias en Ecuador continúa en aumento. Entre enero y septiembre de 2024, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) registró 887 221 personas con deudas, superando ya las cifras totales de 2023, cuando se contabilizaron 868 941 deudores. Este incremento refleja una tendencia preocupante en la que miles de padres y madres incumplen con sus obligaciones, afectando directamente a los menores que dependen de estos pagos para su bienestar.

Hasta la primera semana de octubre, las obligaciones acumuladas en el sistema alcanzan los USD 6,1 millones en pagos pendientes.

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Según la Defensoría Pública, que proporciona ayuda legal gratuita para el cobro de pensiones alimenticias, el aumento de deudores no solo está relacionado con el incumplimiento voluntario, sino también con problemas estructurales, como la falta de trabajo.

El desempleo se ha convertido en la principal justificación que muchos deudores utilizan para no pagar. De acuerdo con los datos de la Defensoría Pública, entre enero y septiembre de 2024 se realizaron 36 077 asesorías, 6 044 más que en el mismo periodo de 2023.

Uno de los casos más extremos es el de Juan Valdiviezo, quien adeuda más de 7 000 dólares en pensiones alimenticias. Inicialmente, su deuda superaba los 30 000 dólares, pero a pesar de haber reducido el monto, asegura que no puede pagar el saldo restante. "Estoy dispuesto a que me lleven preso", afirmó Valdiviezo, destacando el desesperado panorama de algunos deudores ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones económicas.

Las sanciones por el incumplimiento de pagos de pensiones están claramente establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. Si un deudor no realiza los pagos correspondientes durante dos o tres meses consecutivos, un juez puede ordenar su detención por hasta 180 días y prohibirle salir del país.

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El problema del impago de pensiones alimenticias es un tema de preocupación nacional. Las autoridades judiciales y las entidades como la Defensoría Pública continúan implementando medidas para mitigar el impacto en los menores afectados, pero la falta de recursos y el desempleo siguen siendo barreras significativas para muchos deudores.