Ecuador bajo ataque: ¿Qué otras alternativas tiene el gobierno de Noboa para aumentar sus ingresos?

La situación no es la mejor. Lo reconocen analistas y expertos económicos, también fue una de las primeras acciones del actual ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, que apenas estrenado en el cargo salió a decir, junto al presidente Noboa, en un video de cuatro minutos y 20 segundos, que tienen "la peor historia de la caja fiscal" con apenas USD 184 millones en la Cuenta Única del Tesoro, y atrasos por USD 2 872 millones con IESS, gobiernos autónomos descentralizados (GADs) y más instituciones del sector público y privado.

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De hecho, el fisco cerró el 2023 con menores ingresos y el aumento de gastos condujeron al déficit público a la exorbitante cifra de USD 5 747 millones, 4,8 por ciento del PIB, explicó Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

Además, Vega ha dicho que el total de deuda que reciben es de USD 63 000 millones, entre deuda externa y deuda interna, señalando que Ecuador tiene una caída de 9 % del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales.

Todo esto, antes de lo ocurrido hace ocho días en el país, cuando sujetos armados ingresaron a las instalaciones de TC Televisión y tomaran rehenes durante una transmisión en señal abierta de ese medio de comunicación, lo que desató posteriormente caos y nerviosismo en varias ciudades.

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Pero un día antes, Daniel Noboa ya había decretado estado de excepción y toque de queda debido al inicio de una crisis carcelaria que se mantiene hasta hoy, y la confirmación de la desaparición del cabecilla de la banda narcocriminal Los Choneros, Alias Fito, el domingo 7 de enero del 2024, de la cárcel regional de Guayaquil.

Noboa, tuvo que el 9 de enero decretar que el país atravesaba un conflicto armado interno por los hechos suscitados en el canal de televisión y otros sucesos como detonaciones y vehículos en llamas

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Así las cosas, en las más recientes declaraciones del ministro Vega, durante una rueda de prensa el lunes 15 de enero justifico una de las acciones que tienen en mente para enfrentar lo que han denominado una guerra, subir tres puntos al IVA, del 12 al 15 %.

Dicha iniciativa consta en un proyecto de ley urgente enviado a la Asamblea Nacional a las 23h25 del pasado jueves 11 de enero, con el que expresan que de aprobarse, Ecuador podrá contar con USD 1 300 millones anuales, lo que significa en las arcas para este 2024 de USD 1 071 millones adicionales.

Junto a esa declaración, las autoridades revelaron la cifra de lo que aproximadamente debe asumir el Gobierno de Noboa para enfrentar el denominado conflicto armado interno, se trata de USD 1 020 millones que servirán durante las operaciones que asumen las Fuerzas Armadas.

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, no se puede negar que se necesita de manera urgente recursos para combatir la inseguridad, pero explica que hay que hacerlo bien, "si es que este dinero de los nuevos aportes para combatir la inseguridad van a la Cuenta Única del Tesoro, lo único que hará es servir para seguir financiando esa fiesta fiscal y no habrá recursos para lo que realmente nos importa que es combatir la inseguridad".

Además, Acosta dice que hay un segundo problema, y lo encuentra dentro de lo planteado sobre subir el IVA, "pero el IVA es un impuesto regresivo, es un impuesto que pesa más al que menos tiene, hay alternativas que son mucho más eficientes y que van a tener menor costo económico", afirma el economista.

Ante posibles soluciones, él plantea crear un fideicomiso para que cualquier esfuerzo que hacen los ciudadanos no se diluya en medio de la Cuenta Única del Tesoro, dice que "es una cuenta mágica, donde cada dólar que entra simplemente desaparece".

Por eso cree que con los fidecomisos, al tener un uso específico, en este caso sería seguridad, el fisco tendrá la obligación de tener toda la transparencia disponible para que los ciudadanos sean veedores del uso de ese dinero.

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Alberto Acosta plantea otras opciones de dónde obtener los recursos, "los podemos obtener de la focalización del subsidio de los combustibles ya que es una alternativa mucho más adecuada económicamente". Según sus análisis, el subsidio beneficia más, a quién más tiene, por ello plantea opciones que permitan eliminar el mal uso de esos recursos.

Finalmente, Acosta Burneo menciona que no se trata solamente de que los ciudadanos paguen la cuenta, "también el Estado tiene que asumir su responsabilidad porque la crisis fiscal que estamos viviendo es causa de los políticos gastadores".

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Por ello, propone un sistema un uno por uno, "es decir, por cada dólar que los ciudadanos entreguemos a ese fidecomiso para financiar la inseguridad, que el fisco ponga también un dólar en reducción de gastos, de gastos inútiles, gastos innecesarios de los que existen muchísimos a nivel del Estado".

En la otra orilla de ideas está el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, que asegura que hay como sea que buscar dinero en otros lados porque ya no se trata de reducción de gastos.

"Hay un solo norte, el incremento de ingresos", dice Ortiz, comparando el gasto total del Estado de 2013 que era 27 % y el año pasado es 22 %, lo que significa que se achicó ya 5 %, por ello, al parecer, ya no solo hay que reducir.

Y en cuanto a alternativas, dice que el camino es focalización de subsidios, sin duda, empezando por subir USD 0,50 por galón a la gasolina Extra, "son 1 200 millones de galones al año que consumimos en el país, lo que generaría USD 600 millones para este año".

Y resalta, Fausto Ortiz, que siempre se necesitará dinero adicional que no afecte a otros rubros como Salud, Educación o inversión social.

Los presupuesto de Salud y Educación durante 2023 no se completaron acorde a lo estipulado a inicios de ese año, para el primero se planteó USD 3 100 y se ejecutó USD 2 800, mientras que el segundo tuvo una inversión de USD 4 300 cuando lo planteado fue USD 4 800.

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Solo las gasolinas Extra y Ecopaís representarían al país USD 620 millones y el impacto en la economía de los consumidores sería marginal, según la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo.

La razón es el bajo precio internacional del crudo que hace que el valor subsidiado sea de menos de USD 0,30 por galón.

El peso del subsidio a los combustibles en la economía ecuatoriana es alto, llega a USD 3 200 millones, apenas 17 millones menos, como ya lo dijimos, de lo que se presupuestó para el sector de la Salud en el 2023.

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Y sin embargo, hay todavía quienes se niegan a abordar el tema, de ese grupo se desmarca la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ellos sostienen que si existe un momento oportuno para la focalización es éste, y es que los bajos precios del petróleo hacen que la diferencia entre el valor de venta interna de la gasolina Extra y Ecopaís y los precios internacionales sea marginal.

Así, el subsidio a la gasolina Extra se ubica en USD 0,25 por galón y en la Ecopaís es de USD 0,29, los usuarios pagan por cada galón de gasolina Extra USD 2,40 sin subsidio, con lo cual, el precio sería de USD 2,65. La gasolina Ecopaís que también tiene un precio por galón de USD 2,40, si se le retira el subsidio tendría un valor de USD 2,69.

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En un ejemplo práctico, un auto que se tanquea con 15 galones de combustible, si usa Extra paga USD 36 por llenarlo al precio subsidiado, sin subsidio el valor a pagar sería USD 39,75.

Si a ese mismo auto que se llena con 15 galones se le pone Ecopaís, hoy se desembolsan USD 36 y sin subsidio la cuenta ascendería a USD 40,35.

Pero, pese a que la diferencia entre valores es baja , los distribuidores señalan que la eliminación del subsidio debería ser gradual, "con la gasolina Súper funcionó USD 0,10 por mes, y ahora el margen es tan estrecho que se podría prolongar más tiempo", dice Ivo Rosero, presidente Cámara Distribuidores de Derivados de Petróleo.

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Una eliminación de USD 0,10 mensual, en tres meses habría cumplido con su objetivo de eliminar el subsidio a las gasolinas Ecopaís y Extra que actualmente le representan USD 620 millones de gastos al Estado.

Y nada es poco, cuando se intenta contar con USD 1020 millones para enfrentar este conflicto armado, sin descuidar otros gastos que constitucionalmente no se pueden dejar de un lado. Difícil tarea para un país que no completa sus presupuesta al año y ahora la factura del rentable negocio del narcotráfico la deben pagar todos.

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