Los empleados bajo régimen de dependencia podrían hacer ya su nueva deducción de gastos

Una vez que la Corte Constitucional autorizó la puesta en vigencia del Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, conocida también como reforma tributaria, las personas naturales que pagan Impuesto a la Renta empezarían a sentir sus beneficios casi de inmediato.

El experto tributarista Napoleón Santamaría señala que la nueva ley tendría dos velocidades. Una para los ecuatorianos que trabajan en relación de dependencia y otra para quienes trabajan con facturación de servicios profesionales.

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“La Ley entraría a regir desde este lunes 19 de junio (2023)”, señala Santamaría, insistiendo en que es un cuerpo legal con carácter retroactivo desde enero de este año. En ese sentido, estima que todas las empresas en el país tendrán que trabajar en el nuevo cálculo de retenciones y proyecciones de gasto de manera inmediata. La medida aplica para tanto para entidades del sector público como para el sector privado.

El segundo momento o segunda velocidad se aplica para quienes facturan por servicios profesionales. Es decir que, para marzo de 2024, recién sentirán el efecto positivo de la ley cuando hagan sus declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas.

En cuanto a quienes declaran impuestos a través del sistema Rimpe (que aplica para sectores populares y artesanales), las nuevas tablas regirán desde este año.

Según Santamaría, la reforma tributaria beneficiará a todos los ecuatorianos que pagan Impuesto a la Renta porque bajó la tabla general y habrá más deducciones, sobre todo a los contribuyentes que registran un mayor número de cargas familiares. El tope de deducciones pasó de 5.327 a 15.294 dólares en rubros de gastos como salud, educación, vivienda, alimentos, entre otros.

El nuevo gravamen de IVA también tendrán una doble velocidad. Para espectáculos públicos (12%), entrará a regir desde el primero de julio de 2023, mientras que el 15% a pronósticos deportivos será desde enero de 2024.

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Con estas reformas, el fisco dejará de cobrar unos 200 millones de dólares. El Gobierno, a través del SRI, tendrá que informar con especificidad el detalle de los cambios.