La Ley que garantiza recursos a gobiernos locales se enfrenta a un Estado desfinanciado

El pasado 7 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para asegurar la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se trató de una iniciativa del presidente del Legislativo, Henry Kronfle y del asambleísta Johnny Terán, que el primer mandatario, Daniel Noboa, analiza vetar totalmente por la falta de liquidez.

Según la nueva normativa, la transferencia ya no la debería realizar el Ministerio de Economía y Finanzas, sino el Banco Central del Ecuador (BCE), dentro de los cinco primeros días de cada mes.

El problema radica en la falta de recursos que Noboa denunció desde los primeros días de su mandato. Para este año, por ejemplo, la recaudación de impuestos prevista es de USD 15 716 millones, de los que se deberá entregar el 21% a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales; es decir, USD 3 300 millones.

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Los USD 12 416 millones restantes se deben repartir en sueldos del sector público, seguridad social, bonos sociales, pagos de intereses de las deudas interna y externa, entre otros.

También hay que añadir las deudas que aún tiene el Estado con los gobiernos locales. Además de los USD 3 300 millones que se debería entregar durante el 2024, el gobierno adeuda: USD 193 millones a Prefecturas, USD 453 millones a Municipios y USD 20 millones a Juntas Parroquiales.

Para que el Banco Central realice las transferencias automáticas en el plazo señalado, el Ministerio de Economía remitirá al BCE el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado, y de la asignación que corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado. Con ello, el BCE realizará los giros correspondientes.

Sin embargo, desde hace varios años el Estado no cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con estas y otras obligaciones como, por ejemplo, la que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

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Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que en esos casos, los pagos se han hecho "por baches", en función de la disponibilidad de recursos, y ha afectado la gestión pública de los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales.

Para él, la Asamblea debe ser "muy cauta sobre lo que aprueba", pues puede incluso terminar siendo "una declaración política, una ley que ni siquiera llegue a implementarse".

La asambleísta Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos por el correísmo, que sustanció el proyecto, aseguró que este constituye un instrumento legal para evitar la paralización de obras y servicios a la ciudadanía. Mientras tanto, Henry Kronfle, indicó que la normativa contempla sanciones inmediatas, que llegan hasta la destitución del cargo, por el incumplimiento.

Al respecto, Leonardo Gómez Ponce, coordinador del Observatorio de Gasto Público, comentó que las soluciones para la economía nacional deben ser integrales y no pueden seguirse planificando únicamente desde la macroeconomía.

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"Sí, hay problemas fiscales, también tuvimos un gobierno que dio prioridad al pago de la deuda por encima de la inversión social y la atención a grupos vulnerables, y eso no le dio mayor estabilidad a la economía ecuatoriana", dijo el especialista.

Leonardo Gómez también puso sobre la mesa los bajos niveles de ejecución de gastos en varios gobiernos locales. Aunque reconoció que, en parte, se deben a la falta de gestión de sus autoridades; también responden a la falta de control del Gobierno Central.

Además, sobre el buen uso de recursos, recordó que en el portal de compras públicas (Sercop) "se encuentra con mucha facilidad cómo en algunos gobiernos locales se adjudica, por ejemplo, contratos de publicidad o campañas de comunicación a empresas dedicadas a la venta de ropa o lavanderías".

Desde su perspectiva, la puntualidad en las transferencias desde el Gobierno Central es importante. "Pero igual de importante debe ser en los gobiernos locales la transparencia de la gestión de sus recursos", enfatizó.

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Este es solo un ejemplo, pues en especialista indicó que, en el Índice de Transparencia Activa que se publica todos los años en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, año tras año encuentran que municipios que no solo no publican información de su gestión, sino que ni siquiera tienen página web, según lo dispone la normativa vigente.

Para los especialistas, todos estos aspectos se deberían trabajar incluso si la Ley es vetada parcial o totalmente por el Presidente. En el último caso, si bien el Gobierno pone un candado al tratamiento de la normativa durante un año, esto no significa que elimine la obligación de entregar los recursos a los GAD.