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El Ejecutivo analiza vetar la ley para transferir recursos directos a los GAD
Esta ley segura la asignación directa y automática de recursos a los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales.
El veto total a la ley que asegura la asignación directa y automática de los recursos a los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales está sobre la mesa de análisis del Gobierno, así lo confirmaron fuentes oficiales a Televistazo.
De llegar a concretarse pone un candado al tratamiento de la norma durante un año.
Lo que ocurre es que las cuentas no cuadran, la recaudación anual de impuestos prevista para este año es de USD 15 716 millones, la transferencia directa que corresponde a Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales es el 21% de ese valor: USD 3 300 millones.
Quedan USD 12 mil 416 millones, de ese monto hay que pagar USD 9 823 millones en sueldos, 3 628 millones, para seguridad social y ya no queda nada para bonos sociales, bienes y servicios de consumo y el pago de intereses de la deuda interna y externa que suman USD 6 755 millones que también se debe cubrir con lo recaudado de los tributos.
Estas son cifras que ya se conocen, pero hay más por pagar. El Ministerio de Economía actualizó el monto de la deuda a los gobiernos seccionales:
Un total de USD 666 millones que, según lo aprobado por la Asamblea, se deberán pagar en 90 días.
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Para el exministro de economía, Fausto Ortiz, esto obliga a que se revisen los porcentajes que se asignan, por ley, a los gobiernos locales porque son rubros que, en general, se deberían pagar completos y puntuales, cosa que no se logra.
"Los Municipios y Prefecturas deben enfrentar que no tienen plata y deberían decir, voy a hacer una mejor gestión de cobro a mis prediales, una mejor gestión de cobro de esa carretera para tener un peaje que pueda devolverme la plata y hacer otra carretera".
El hecho cierto es que, por ahora, no hay forma de que el Estado pague a los gobiernos locales, lo que les corresponde, sin dejar de atender otros sectores, que pueden ser tan sensibles como sueldos y bonos y que, en ese caso, deben ser pagados con deuda en forma permanente. Y eso no es constitucional.
El Gobierno sí dispone de otras posibilidades de recursos. Uno, es eliminar los subsidios a los combustibles, que suma USD 3 093 millones, pero esta es una medida política con costos sociales que ningún Gobierno se atreve a tomar. Para ello requeriría un acuerdo que las fuerzas políticas en la Asamblea no van a apoyar.
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