Lasso firmará un decreto ley para conceder convenios de pagos a deudores de créditos educativos

El presidente Guillermo Lasso firmará este martes, 4 de julio, un decreto ley con el objetivo de aliviar la situación de aproximadamente 7 000 beneficiarios de créditos educativos que se encuentran sometidos a procesos legales.

La iniciativa gubernamental -que debe pasar por la revisión de la Corte Constitucional- busca brindar facilidades de pago, condonación de intereses y multas, y otros aspectos para aliviar la carga financiera de estos beneficiarios.

Así puedes consultar tu historial de crédito

Desde el año 2007, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) y el Banco del Pacífico entregaron más de 137 mil créditos educativos, con un monto que supera los mil millones de dólares. Actualmente, alrededor del 5% de estos créditos se encuentran en proceso coactivo.

Desde el 11 de enero, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) ha suscrito 533 convenios de pago, pero se busca generar soluciones adicionales para beneficiar a todos los deudores.

Por esta razón, se emitirá un decreto ley que permitirá que todas las personas que se encuentren en proceso coactivo puedan suscribir convenios de pago, lo que les permitirá saldar sus deudas y levantar las medidas cautelares impuestas de acuerdo con la ley.

¿Cómo postular a las 20.000 becas que ofrece la Senescyt en institutos tecnológicos?

Dado que no todos los deudores poseen un bien inmueble que pueda ser presentado como garantía, se establecerá que aquellos que adeuden menos de 45 mil dólares podrán suscribir un convenio de facilidades de pago tan solo con una garantía personal.

Para aquellos que superen este monto, se mantendrá la opción de la garantía hipotecaria.

Además, se incluirá en el decreto ley un periodo de gracia de seis meses en el pago para aquellos beneficiarios que se encuentren desempleados, brindándoles un respiro financiero durante ese tiempo.

El decreto ley también establecerá una remisión de todos los intereses, multas y recargos para las obligaciones vencidas o con convenios de pago, buscando aliviar la carga financiera de los deudores.

Asimismo, se contemplarán condonaciones totales o parciales para las personas con discapacidad, en función del grado de afectación.

Y parcial será la condonación si cónyuge, conviviente o hijo del deudor tienen alguna discapacidad.