La Comisión de Régimen Económico recibe aportes para la reforma a la Ley contra el lavado de activos

La Comisión de Régimen Económico recibió a varios actores en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

A la sesión del 20 de diciembre acudieron representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía, Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

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Los funcionarios hablaron sobre la competencia para registrar la información de casos de lavado de activos, así como sobre la posible sanción penal para los familiares asociados a una persona expuesta políticamente. En Ecuador, la cifra anual de lavado de dinero es de USD 3 500 millones, según Fiscalía.

Emilio Veintimilla, director Nacional Jurídico del SRI, dijo que es importante que esta entidad tenga la competencia para registrar y administrar la información de los beneficiarios finales. Habló también sobre no limitar los mecanismos para identificar al beneficiario final según los estándares internacionales; y, mantener la regulación expedida sobre los reportes de información.

Christian Cañar, experto criminalístico y delegado de la Fiscalía, presentó observaciones sobre la definición del activo virtual, operaciones sospechosas y especificar los 20 delitos, según recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Destacó además la importancia de establecer nuevos tratados regionales para mayor control del lavado de activos.

El delegado de la Fiscalía informó que a noviembre de 2023 existieron entre 500 y 600 investigaciones abiertas, relacionadas con denuncias sobre lavado de activos.

Édgar Vega, represdentante del Servicio Nacional de Aduana (Senae) hizo observaciones sobre la declaración electrónica que algunos viajeros de la tercera edad no pueden hacer sobre el ingreso y salida de activos.

En este aspecto, precisó que se requiere determinar las competencias de cada de una de las instituciones para el control que efectuaría el Servicio Nacional de Aduana, la Policía Nacional y la Subsecretaría de Migración.

Sobre la declaración falsa o ausencia de declaración, el delegado de la Senae planteó que se fije el valor de las multas, respecto del origen del dinero en efectivo, valores e instrumentos negociables al portador.

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El director nacional de Lavado de Activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Marcelo Jara, explicó que este sector comprende 408 entidades, con más de USD 10 millones en certificados de aportación, divididos en cinco segmentos.

Las observaciones expuestas fueron: incluir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en las definiciones; no dar personería jurídica al Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y, no dejar a la discrecionalidad de la UAFE los análisis de la información que puede o no ser prueba en procesos judiciales.