La adjudicación del campo Sacha sigue vigente mientras consorcio busca inversionistas

La adjudicación del campo Sacha al consorcio Sinopetrol sigue vigente, a pesar de que el Gobierno Nacional declaró cerrado el proceso tras el incumplimiento del pago inicial. New Stratus Energy, empresa canadiense que posee el 40 % del consorcio, mantiene su participación y ha lanzado una oferta de acciones en la Bolsa de Toronto para captar inversionistas.

En un comunicado fechado el 31 de marzo, la compañía informó a sus accionistas que emitió 572 millones de recibos de suscripción con el objetivo de recaudar 120 millones de dólares hasta el 10 de abril.

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Este monto le permitiría completar los USD 600 millones que debe aportar al consorcio Sinopetrol, como parte de los 1 500 millones exigidos por el Gobierno ecuatoriano para concretar la concesión. Según la firma de análisis HFI Research, la petrolera Shell estaría financiando los otros USD 480 millones.

Pese a las declaraciones oficiales sobre el cierre del proceso, ni el Gobierno ni el Ministerio de Energía han derogado la resolución del 28 de febrero que adjudicó el campo Sacha a Sinopetrol, compuesto también por la empresa china Amodaimi.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que investiga la adjudicación, ha denunciado que la concesión sigue en pie y ha convocado en tres ocasiones a las autoridades del sector energético sin obtener respuesta.

New Stratus Energy ha reconocido que su plan de inversión enfrenta riesgos relacionados con la industria petrolera, cambios en las condiciones económicas del país y eventuales modificaciones en las políticas gubernamentales. No obstante, la empresa sigue adelante con la colocación de acciones, dando por vigente la adjudicación del campo.

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Por su parte, HFI Research sostiene que el contrato con Sinopetrol podría concretarse en caso de que el presidente Daniel Noboa sea reelegido el próximo 13 de abril. Incluso proyecta que la firma del acuerdo podría darse hasta el 16 de ese mes, lo que refuerza la expectativa de que el proceso aún no está cerrado definitivamente.

Mientras tanto, la falta de claridad sobre el estatus legal de la concesión genera incertidumbre tanto en el ámbito político como en el sector energético. La ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo y las investigaciones en curso en la Asamblea añaden más interrogantes a un tema que sigue abierto y con implicaciones económicas y estratégicas para Ecuador.