Asamblea Nacional aprueba Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas

Con 72 votos afirmativos la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que, según el Legislativo, servirá para priorizar la planificación, reactivar la economía nacional, poner en orden las arcas fiscales y fortalecer la dolarización. 

La sesión empezó la mañana de este sábado 16 de mayo del 2020 y la votación pasadas la 13h00, con 137 asambleístas presente. La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas finalmente pasó con algunos cambios.

Lo más polémico de esta norma fue lo que se relacionaba con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

 

Aprobada la ley, el Ministerio de Finanzas podrá supervisar el presupuesto de las tres instituciones; sin embargo, en el último texto se garantiza la autonomía de estas entidades y se define que los fondos de la Seguridad Social son propios de cada institución y no serán parte del Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que el Gobierno no podrá disponer de aquellos fondos.  

 

 

 

En cuanto al acceso a financiamiento internacional, la ley permitiría que el Ecuador acceda a USD 4.200 millones, más otros USD 6.000, provenientes de organismos multilaterales. Esta alternativa también se enmarca en los acuerdos que el Gobierno Nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

El director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, señaló que la normativa es clave para mantener el apoyo de la comunidad financiera internacional. Y en igual sentido, se pronunció la Cámara de Industrias y Producción (CIP): “Ecuador, más que nunca, necesita orden y disciplina fiscal para mantener y fortalecer su credibilidad en el mundo para tener apoyo de capitales extranjeros”.

 

De su lado, Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), resaltó la importancia de tener un fondo de ahorros que permita, en un futuro, enfrentar crisis como la generada a causa del COVID-19.

 

Otros puntos esenciales del proyecto son la conformación de un Comité de Coordinación Fiscal para el seguimiento de las reglas fiscales y la creación de un fondo de ahorro para contingencias.

 

El plazo que tenía la Asamblea para aprobar, modificar o negar este proyecto, al igual que la Ley de Apoyo Humanitario, es de 30 días desde su presentación.