El acuerdo comercial de la UE con Ecuador, Colombia y Perú entró oficialmente en vigencia

El acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Colombia, Perú y Ecuador. Este se aplicaba provisionalmente desde 2013, pero entró en vigor este viernes, 1 de noviembre, según informó la Comisión Europea.

"Este acuerdo cubre 33 000 millones de euros en intercambios comerciales y apoya las economías de ambas partes", señaló en su cuenta oficial en la red social X, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, al anunciar su entrada en vigor.

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El Consejo de la Unión Europea acordó el pasado 14 de octubre la celebración del acuerdo comercial con Colombia y Perú, por una parte, y, por otra, la celebración del protocolo sobre la adhesión de Ecuador a ese tratado.

Este acuerdo firmado inicialmente con Colombia y Perú preveía la posibilidad de que se adhirieran otros países andinos, y Ecuador decidió hacerlo. El protocolo de adhesión de Ecuador se firmó en noviembre de 2016 y se aplica provisionalmente desde el 1 de enero de 2017.

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La UE es el tercer socio comercial y uno de los principales inversores en los países andinos; en 2023, el comercio total de la Unión con estos países rondó los 33 000 millones de euros.

Los beneficios del acuerdo comercial incluyen la apertura de los mercados de bienes, servicios, contratación pública e inversiones, o mejores condiciones para el comercio gracias a nuevas normas sobre barreras no arancelarias, competencia, transparencia y derechos de propiedad intelectual.

También un entorno más estable y previsible para las empresas con un mecanismo bilateral de solución de diferencias y un sistema de mediación para las barreras no arancelarias, y acuerdos de cooperación en materia de competitividad, innovación, modernización de la producción, facilitación del comercio y transferencia de tecnología.

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Comprende asimismo un capítulo exhaustivo sobre comercio y desarrollo sostenible con compromisos destinados a garantizar altos niveles de protección laboral y medioambiental, que incluye un sistema de arbitraje y procedimientos para colaborar con la sociedad civil.