El gobierno de Daniel Noboa negoció el acuerdo número 23 entre Ecuador y el FMI

Cuando Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, en noviembre de 2023, no había dinero para cubrir el Presupuesto General del Estado: el déficit fiscal era de 6 204 millones de dólares.

A diciembre de 2023, el país tenía ingresos por USD 19 461 millones y los gastos sumaban USD 25 665 millones. El Estado debía al IESS, municipios, prefecturas y a 33 000 empresas privadas proveedoras.

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Se entiende entonces que al gobierno de Noboa no le tomó ni dos meses decidir que debía recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue así que las negociaciones iniciaron en febrero.

El régimen cerró el acuerdo con el FMI el 31 de mayo. Se trata de un programa de financiamiento por USD 4 000 millones que se desembolsarán hasta el 2028.

Ese financiamiento habilitó desembolsos de otros organismos multilaterales, 6 000 millones de dólares del Banco Mundial y cuatro instituciones más.

En total, el país recibirá 10 000 millones de dólares hasta el 2028, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Ese el dinero que necesita el país para mantener su economía a flote. Si no fuera el FMI el prestador, tendría que ser otro.

Como es obvio, el FMI, así como otros organismos multilaterales, no regalan el dinero, lo prestan. Y aplican tasas de interés bajas, pero agregan reglas que el país que busca el financiamiento acepta o rechaza.

Si las acepta, tiene que cumplir los compromisos consensuados que buscan que se ordenen las cuentas y la economía funcione.

En ese marco, el gobierno de Noboa aplica medidas como el incremento del IVA y la focalización de subsidios.

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Otras disposiciones deberán concretarse para obtener los siguientes desembolsos. Entres esas constan: limitar deducciones tributarias, sustituir contribuciones temporales por impuestos permanentes, aumentar la producción petrolera y saldar las deudas con los proveedores del Estado, IESS, municipios y prefecturas.

Este programa es el que organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana y Pachakutik buscan echar abajo, buscando declarar ilegítima la deuda que Ecuador mantiene con el organismo, lo que implicaría no pagar su obligación. Sin embargo, el país ya recibió el primer desembolso de mil millones de dólares.