Corte Nacional decidirá la próxima semana si revoca o no la prisión preventiva en contra de Celi y otros seis

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que analiza si ratifica o revoca la prisión preventiva que pesa sobre el excontralor Pablo Celi y otros seis procesados en el caso Las Torres, dará a conocer su decisión el jueves 13 de mayo.

Así lo informó la Fiscalía la tarde de este viernes, luego de que se suspendiera la audiencia de apelación solicitada por Celi y los otros implicados, quienes son acusados de presunta delincuencia organizada.

La fiscal general Diana Salazar participó en esta diligencia por medios virtuales. Ella considera que la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva "coadyuvaría a que los líderes de la organización vuelvan a sus cargos y actividades privadas", obstaculizando la investigación ya que -afirma- ellos cuentan con "los recursos económicos suficientes para evadir la justicia".

Salazar expuso que la prisión preventiva en este caso no es una medida punitiva, sino para salvaguardar la investigación.

Por estos motivos, la fiscal solicitó a los jueces Byron Guillén (ponente), Mercedes Caicedo y Luis Rivera que rechacen el recurso de apelación.

- La posible red de corrupción -

El caso Las Torres inició en junio de 2019 cuando Raúl de la Torre, sobrino del excontralor y exasesor de Petroecuador, y el empresario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos.

La información proporcionada por las autoridades norteamericanas permitió iniciar una investigación en Ecuador que, tras varios meses de indagaciones, propició que entre el 12 y 13 de abril de 2021 se ejecuten más de 20 allanamientos simultáneos en Quito, Guayaquil y Samborondón.

En esas diligencias fueron aprehendidas nueve personas, entre ellas Celi y José Agusto, quien fue secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Lenín Moreno.

Aunque fueron arrestados nueve, la justicia ordenó que siete cumplan prisión preventiva.

La Fiscalía afirma que esta organización está relacionada a una trama de corrupción que involucra a Petroecuador, Contraloría y Secretaría General de la Presidencia, entre 2017 y 2020.

Los exfuncionarios habrían exigido pagos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas.