Correa opone "soberanía y dignidad" a las exigencias de la CIDH a Ecuador

El presidente Rafael Correa escribió esta semana un nuevo capítulo en su tensa relación con la Organización de Estados Americanos (OEA) al subrayar sus exigencias de "soberanía y dignidad" ante reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país andino.

 

Ese organismo, dependiente de la OEA, exige que se deje en suspenso una sentencia que condenó a tres ecuatorianos por injuriar a Correa, pero el gobernante se mostró ayer firme en sus posiciones: "Que esa burocracia piense lo que le dé la gana, pero aquí, en Ecuador, van a encontrar soberanía y dignidad", dijo.

 

Correa ha manifestado en numerosas ocasiones su desacuerdo con el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y ha abogado por una reforma del mismo, a la vez que ha criticado el hecho de que la sede de la CIDH esté en Washington, cuando EE.UU. no ha firmado el Pacto de San José, fundamento de ese sistema.

 

Esta posición es comprensible a la luz de la relación entre Ecuador y EE.UU., en la que, según ha reconocido el propio Correa, existen "tensiones" y "desconfianza mutua".

 

El Gobierno ecuatoriano espera una visita del secretario de Estado, John Kerry, a quien ha pedido explicaciones recientemente sobre informaciones que implican supuestamente a la CIA en un ataque, ocurrido en 2008, de militares colombianos contra un campamento que la guerrilla de las FARC había instalado en territorio ecuatoriano.

 

En el contexto de la no renovación de los acuerdos bilaterales de cooperación entre EE.UU. y Ecuador y con indagaciones del Gobierno ecuatoriano sobre la presencia de unos 50 militares estadounidenses en la embajada estadounidense, Quito también quiere tratar otros temas con el Ejecutivo norteamericano.

 

Entre ellos está, por ejemplo, la extradición de los hermanos William y Roberto Isaías, banqueros residentes en EE.UU. a quienes reclama la Justicia ecuatoriana por delitos financieros.

 

En esas circunstancias se produjo el pasado 24 de marzo la concesión de medidas cautelares de la CIDH al asambleísta opositor Cléver Jiménez, a su asesor, Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa, los dos primeros condenados a dieciocho meses de cárcel y el tercero a seis por injuriar a Correa.

 

Los condenados habían presentado una denuncia en la Fiscalía contra el mandatario en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el gobernante estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

 

En la denuncia, dijeron que Correa se había trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

 

Pero el Ministerio Público no acogió la denuncia, que calificó de maliciosa al no haberse demostrado su versión, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias en el que fueron condenados.

 

Ahora, sobre los tres pesa una orden de captura, el pago de 140.000 dólares y una disposición para que pidan disculpas al mandatario, sanciones que se niegan a aceptar.

 

La CIDH, órgano autónomo dependiente de la OEA, a la que Correa ha criticado en el pasado por considerar que está al servicio de la política estadounidense, exigió en su resolución que no se ejecute la sentencia y estimó que llevarla a término afectaría gravemente los derechos a la vida, integridad, libertad de expresión y derechos políticos de los condenados.

 

Estos reclamos han sido rechazados frontalmente por varios representantes del Gobierno ecuatoriano, entre ellos el canciller, Ricardo Patiño, quien no reconoce a la CIDH potestad para otorgar medias cautelares.

 

Correa insistió hoy en esta posición, según recoge el diario digital oficial El Ciudadano, al asegurar: "como jefe de Estado no reconozco la capacidad de dictar medidas cautelares a la CIDH" y agregó que la función de ese organismo, "otorgada por los Estados, es promover los derechos humanos reconocidos en la Convención".