Código Penal pasó al Legislativo con 73 cambios

Anoche llegó a la Asamblea Nacional el veto del presidente de la República, Rafael Correa, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los cambios propuestos no topan, por ejemplo, el campo de la mala práctica profesional, tal como lo solicitó el gremio de los médicos. Así lo confirma el asambleísta por el movimiento Alianza País, Virgilio Hernández. “No existe ningun cambio porque creemos que con el artículo que se planteó, y ese es un criterio coincidente con el Ejecutivo, se encuentra un adecuado equilibrio entre los derechos de los médicos, que ejercen de manera responsable su profesión, y de las personas que han tenido que lamentar la muerte de un familiar”.

 

Sin embargo, en el mismo artículo el Ejecutivo incluyó sanción para el funcionario público que otorgue permisos de manera negligente a construcciones de obras civiles y que, como consecuencia de ello, se haya ocasionado la muerte de una o más personas. 

Los médicos solicitaban que se elimine el inciso que dice: 

 

"... será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas...". porque consideran esas palabras como ambiguas. 

 

Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, dice que esto hará que los médicos no corran riesgos dentro de su práctica profesional. 

 

Narváez anuncia asambleas de médicos para definir las medidas a tomar y que seguirán colgando sus mandiles y poniendo crespones negros en señal de protesta. pero, por ahora, lo que sí exigirán en el caso de los profesionales del sector público, es la entrega de recursos para su trabajo.  

Las objeciones del mandatario al texto, aprobado por la Asamblea, pasan también por temas como: 

la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pasa de ser una contravención, como lo definió el Legislativo, a un delito sancionado o que la responsabilidad penal, en caso de calumnia, se elimina si la persona acusada se retracta antes de que exista una sentencia ejecutoriada.  

 

“Se mejora el artículo 61, que tiene que ver con la expulsión de las personas extranjeras que han cometido delitos en el país, y se clarifica de mejor forma de que eso no se podrá hacer cuando existe matrimonio o unión de hecho, o cuando existen hijos”, añadió Hernández.

 

Todos estos cambios se encuentran en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que se reuniría entre lunes y martes, pues tienen ocho días para presentar un informe. El secretario de la comisión, Richard Ortiz, confirma que el análisis ya empezó. 

 

Y aunque el pleno de la Asamblea tiene 30 días para allanarse al veto o mantenerse en el texto original, la decisión se tomaría antes de ese plazo, según lo señaló la asambleísta de país, Ximena Ponce. “Como tenemos planeado este receso legislativo, desde el 10 de febrero, nuestro compromiso es cumplir y entregar nuestra resolución sobre el veto hasta antes de esa fecha”.

 

El Ejecutivo hizo en total 73 cambios al texto del COIP.