Aspiazu: se debe analizar afectación de trabajadores y seguridad para inversiones

“Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos naturales no renovables”, reza el artículo 328 de la Constitución del Ecuador. 

Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, no se puede aplicar la redistribución de las utilidades de las telefónicas, que propone el Gobierno Nacional a través de una ley reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones. “El artículo 328 es suficientemente claro, los concesionarios del espectro radioeléctrico que explotan un recurso natural renovable, si bien es estratégico”.

En cuanto a la otra propuesta presidencial de renegociar los contratos con las operadoras de telefonía móvil, dijo que eso sería en una fase posterior, y que en este momento se debe discutir las implicaciones de un proyecto de ley “que es inconstitucional”.

Respecto de otro derecho de los trabajadores que es la seguridad jurídica, señaló que la afectación también alcanzará a las empresas que prestan servicios auxiliares como seguridad, conserjería,  limpieza. “Desde ese punto de vista, estamos hablando de una afectación a unos 8.000 jefes de familia que se han venido endeudando debido al ingreso de utilidades para adquirir una vivienda, un vehículo, pagar la educación de sus hijos, un posgrado, contratar seguros de salud privados. Esta afectación debe ser, de alguna manera, considerada por los actores políticos que procesarán el proyecto de ley”, enfatizó.

Según explicó Aspiazu, las operadoras telefónicas pagan 2.93% de las ventas brutas, es decir de sus ingresos totales, como parte de sus contratos de concesión; “pagaron inicialmente por esos contratos de concesión, hay uno por ciento adicional por ingresos brutos para efectos del fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, se paga tasas por uso de frecuencia, se paga tasa a los municipios por permisos ambientales y de uso de suelo. Si usted consolida todo eso, obviamente las operadoras telefónicas le están pagando al Estado más del 50%, que es lo que prescribe el artículo 408 de la Constitución y al cual alude el presidente de la República para justificar este proyecto”.

“El momento en que estamos promoviendo marca País para el turismo, se acaba de cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea, el Ministerio de Comercio Exterior está promoviendo una campaña de marca País para posicionar de mejor manera nuestros productos de exportación, nos preguntamos qué sucede con la marca País en lo que tiene que ver con la inversión extranjera, va a venir inversión privada al país y en la medida en que comencemos a dar estas señales de que si las empresas ganan demasiado dinero, automáticamente consideramos legislación especial para apoderarnos de esa plata… creo que es un tema que debe ser objeto de reflexión”, manifestó.  

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