La Asamblea de dos cámaras y con menos legisladores: ¿cómo avanza la propuesta?

Para antes del 17 de diciembre de 2020 se prevé que esté listo el informe para el segundo y último debate de la propuesta presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática, que busca reformar la estructura de la Asamblea Nacional y que, consecuentemente, reduciría el número de legisladores.

De cumplirse con los tiempos establecidos, los integrantes del Comité por la Institucionalización esperan que para la segunda vuelta electoral, el 11 de abril de 2021, los ecuatorianos aprueben o no la transformación del Parlamento en un organismo bicameral; la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y brindarle la autonomía a la Fiscalía General del Estado, que hoy depende del Consejo de la Judicatura.

 En esta ocasión, este reportaje explicará algunos aspectos de la eventual modificación de la Asamblea Nacional.

- Trazar el camino -

Para ejecutar cambios en la Constitución ecuatoriana existen tres vías: una enmienda, una reforma o una Asamblea Constituyente.

La primera se puede aplicar "siempre y cuando no se reformen los derechos fundamentales a la estructura del Estado", explicó a Ecuavisa.com el asambleísta Fabricio Villamar. Aquí no existe la necesidad de consultarle al pueblo y se puede tramitar directamente en el Parlamento.

En la segunda, una reforma constitucional, que implica un cambio mayor, se requiere el consentimiento de la Corte Constitucional, recolección de firmas de la ciudadanía, dos debates en la Asamblea con 90 días de diferencia entre cada uno, pero además los ecuatorianos deben aprobar estos cambios en una votación. 

La tercera opción implica una convocatoria a una Asamblea Constituyente, que conlleva más tiempo y dinero.

Por lo que los cambios planteados por el Comité se gestionan mediante una reforma constitucional.

- Las dos cámaras -

El Parlamento, que está encargado, por ejemplo de "expedir, codificar,  reformar  y  derogar  las  leyes" que rigen para todos los ecuatorianos, hoy goza de un inédito nivel de descrédito. "Aproximadamente 60 asambleístas tienen procesos judiciales", dijo César Litardo, presidente de la Asamblea, en agosto pasado. Y son 137 legisladores en total.

Durante este periodo 26 asambleístas alternos han tenido que reemplazar a los titulares porque renunciaron, fueron destituidos, buscaron asilo en el exterior o tienen una sentencia condenatoria.

Por esta razón y para tener una "mejor" Asamblea, el Comité por la Institucionalización propone, entre varios aspectos, la creación de una Cámara de Senadores y una Cámara de Representantes.

La Cámara de Senadores o Cámara Alta estará integrada por 30 parlamentarios escogidos a nivel nacional. Esta delegación, por ejemplo, se encargará de decidir si destituye o no a un funcionario que ha sido sometido a juicio político. También tendrá entre sus responabilidades la designación de autoridades. Una función que la cumple actualmente el CPCCS.

Mientras que, la Cámara de Representantes o Cámara Baja estará conformada por 94 parlamentarios. Sus funciones estarán mayormente enmarcadas en la elaboración de leyes.

Según lo explicado por Darwin Seraquive, integrante del Comité, en cada provincia se elegiría un solo asambleísta y no dos como plantea actualmente la Constitución. Asimismo, Seraquive señala que solo existirían dos asambleístas representando a los ecuatorianos en el exterior y no seis como es ahora. 

En total, el Parlamento propuesto por el Comité contaría con 124 legisladores, 13 menos que hoy. Además se suprimiría la figura de asambleísta alterno, con lo que se anularían otros 137 puestos en el Legislativo.

- ¿Cuánto cuesta la Asamblea? -

Luego de los recortes aplicados como medida de austeridad por la pandemia del coronavirus, el Estado gasta más de 1,2 millones de dólares mensuales en sueldos de legisladores, asesores y asistentes. 

Actualmente, ya aplicados los descuentos de ley, cada asambleísta gana 3.476 dólares. Cada uno de los 137 legisladores cuenta con dos asesores, los sueldos netos de ellos fluctúan entre los 1.999 y 2.330 dólares. Adicionalmente, cada asambleísta cuenta con un asistente, este funcionario recibe 1.092 dólares.  

"El último presupuesto que aprobamos llegaba a los cincuenta millones de dólares. Si nosotros lo comparamos con los 35.000 millones de dólares del presupuesto anual del Estado ecuatoriano, es ínfimo realmente, sin embargo, evidentemente comprendo que hayan protestas por parte de la ciudadanía", señaló la asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Cristina Reyes.

- "Bajar el número de asambleístas no ataca el fondo del problema" -

La reestructuración de la Asamblea Nacional va más allá de un tema presupuestario. El Comité por la Intitucionalización y varios legisladores coinciden en que hay que buscar la "calidad" en el Parlamento. 

"Si usted baja el número de asambleístas no ataca el fondo del problema", dice Hernán Pérez Loose, integrante del Comité, quien añade que la propuesta de tener dos cámaras en el Parlamento brindaría una segunda oportunidad para aprobar leyes. "Hemos encontrado que una sola cámara aprueba los proyectos, a veces, sin pensar, sin meditar y gasta tiempo".

Sin embargo, los cuestionamientos surgen en el tema de la reducción del número de asambleístas.

Fabricio Villamar, miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales, que está tratando la propuesta del Comité por la Institucionalización, asegura que "aquellos que piensan que con un reprentante por provincia todo está solucionado, se equivocan porque los ecuatorianos votaron por una Constitución que reconoce las minorías. En el peor de los casos cada provincia debe tener al menos dos representantes".

En tanto, Cristina Reyes piensa que se podría afectar la representatividad de las provincias con menor número de habitantes. "¿Qué pasaría si el mayor número de senadores serían solo de las provincias más pobladas?", cuestiona.

- Otras propuestas -

El proyecto de ley también propone eliminar la muerte cruzada; que uno de los requisitos para aspirar al Senado sea tener al menos 35 años; y que en caso de que un legislador se ausente definitivamente, este sea reemplazado por el siguiente candidato más votado. 

De aprobarse estos cambios en la estructura de la Asamblea Nacional, se aplicarían a partir de las elecciones en 2025.