Alza de tarifas del transporte público depende de calidad del servicio, dijo director de Justicia Vial

Guillermo Abad, director ejecutivo de Justicia Vial, dialogó esta mañana en el programa Contacto Directo sobre el pedido de revisión tarifaria de los transportistas. 

Justicia Vial propone que si se va a subir el costos de los pasajes, se lo haga considerando principios o parámetros de calidad de servicios, Abad explicó: “Hemos presentado a los señores transportistas de la ciudad de Quito un estudio en el cual indicamos que para iniciar el proceso de las tarifas de transporte público, necesariamente se debe hacer en base a los parámetros de servicio que están debidamente establecidos en la ley... Se habla de la seguridad, de la accesibilidad, de la comodidad, de la universalidad del servicio y de la responsabilidad, son los principios a los cuales se debe ajustar el servicio de transporte público y luego hay que establecer los parámetros de calidad a través de ciertas certificaciones que son las que se tienen que tratar en las mesas de trabajo que estamos proponiendo”.

Los valores de la tarifa no han cambiado desde hace siete años, por lo que Abad señala que el alza es positiva, siempre y cuando se cumplan con los parámetros de calidad indicados: “Otro principio es la eficiencia, la eficiencia tiene también herramientas para mejorar el servicio de las operadoras y generar una mejor visión de gestión empresarial. Uno de los grandes problemas que tienen las operadoras de transporte público es la recaudación, ahí hay una ineficiencia tan grande que cerca del 30%, 40% de la recaudación no llega al empresario del transporte. Todos estos parámetros se los concreta a través del contrato de operaciones”.

Sobre la implementación de una caja común y el recaudo centralizado con el Municipio, Abad indica cómo funcionaría: “La ley les dio cinco años a los operadores de transporte para que se preparen en la caja común. Sin embargo, ha sido difícil poder implementar esta herramienta que no es otra cosa que la antesala para tener verdaderas operadoras de transporte. Es decir, tener una verdadera gestión empresarial que es una de las grandes deficiencias. La caja común pretende  potenciar esa gestión para tener un mejor recaudo, tener un mejor reparto y mejorar la calidad de servicio”. 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: “El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas”.

Al respecto, Abad habló del ente que regularía y velaría por el complimiento de estos requisitos: “La política nacional la establece el organismo rector que en este caso es el Ministerio de Transporte y la regulación tarifaria son los gobiernos autónomos descentralizados en lo que respecta al transporte urbano. Lo que respecta al transporte interprovincial por carreteras es una competencia de la Agencia Nacional de Tránsito que también debe establecer los parámetros de calidad”.