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El gobierno británico ha comparado políticas antidroga de 11 países.
El gobierno británico ha comparado políticas antidroga de 11 países.
Redacción
BBC Mundo
Las políticas antidrogas más duras no hacen que el consumo de estas sustancias disminuya.
Esa es la conclusión de un rompedor informe internacional llevado a cabo por el gobierno británico.
"En todo caso, la evidencia indica lo contrario", asegura el documento.
Para llegar a esa conclusión, el estudio examinó las estrategias de 11 países, desde Japón, que mantiene una política de "cero tolerancia" hacia las drogas, hasta Uruguay, donde se legalizó su consumo.
Según el ministro responsable de la política contra drogas en Reino Unido, Norman Baker, el estudio Drogas: Comparadores Internacionales debería suponer el principio del fin para la "retórica sin sentido" contra los narcóticos, estupefacientes y demás, y dar paso a un enfoque en los tratamientos.
Además de Japón y Uruguay, los investigadores tomaron en consideración las políticas de Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, República Checa, Suecia, Suiza y Portugal.
Enfoque en tratamientos
En el caso de Portugal, donde ya no se aplican sanciones por posesión y consumo de pequeñas cantidades, el informe indica que ha habido una mejora "considerable" en la salud de los consumidores.
En 2001 el país descriminalizó la posesión de drogas y ahora es considerada una cuestión de salud.
Los investigadores concluyeron que las políticas antidrogas deberían estar enfocadas en el tratamiento de los adictos.
Así, los adictos deben cumplir terapias en lugar de sentencias.
Es una comisión formada por un abogado, un médico y un asistente social el que determina si el usuario es adicto o no.
Si concluye que lo es, se le ofrece un tratamiento de rehabilitación financiado por el gobierno.
Si, de acuerdo a la comisión, no sufre adicción pero portaba más de la cantidad reglamentada, deberá pagar una multa.
"Se trata de perseguir la enfermedad, pero no a los enfermos", expresó el Ministerio de Sanidad tras anunciar la despenalización.
"El Estado portugués está contra la droga. Por eso su consumo está prohibido. Pero no vamos contra los drogadictos. Por eso no se les incrimina. De ahí que una vez rehabilitados puedan volver a la vida normal sin haber sido detenidos y, lo más importante, sin que conste en ningún sitio que han sido detenidos, lo que es vital para, por ejemplo, encontrar trabajo".
Inyecciones de heroína
Para evaluar políticas antidrogas con enfoque sanitario y como uno de los casos de estudio, los investigadores explican que visitaron un clínica en Suiza.
En ella a los pacientes les son suministradas inyecciones de heroína pura bajo supervisión médica para tratar su dependencia a los opiáceos.
Es la alternativa al tradicional tratamiento con metadona suministrada de forma oral o con buprenorfina.
"Ensayos de este tipo realizados en varios países, incluido Reino Unido, evidencian que esta forma de tratamiento puede ser eficaz en la reducción del consumo de sustancias ilícitas y puede hacer que aquellos pacientes con dependencia de opiáceos muy arraigada duren más en tratamiento", concluye el informe.
Un ojo sobre Uruguay
En la línea de no castigar a los consumidores marcada por Portugal, el estudio del gobierno británico también menciona el caso de Uruguay.
El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, tenencia y uso de marihuana.
El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, tenencia y uso de marihuana.
La norma, reglamentada en mayo de este año, establece tres formas en las que un consumidor puede acceder a la planta.
La primera es el autocultivo, con una mayoría de seis plantas por persona; la segunda es asociándose a clubes de membresía, con un máximo de 45 socios y 99 plantas y, por último, comprar en farmacias la que cultivará el Estado.
La iniciativa promovida por el presidente José Mujica en 2012 como una alternativa para poner fin al narcotráfico no se ha puesto en la práctica.
En referencia a la iniciativa de Uruguay y otras similares de despenalización en Colorado y Washington, Estados Unidos, el estudio del gobierno de Reino Unido indica que "es demasiado pronto para saber si los experimentos funcionarán".
Pero asegura que las seguirán "monitorizando el impacto de estas nuevas políticas en los años venideros".
El otro extremo
En el otro extremo del espectro se encuentra Japón, país que aplica largas condenas de cárcel a los consumidores de drogas.
Para llevar a cabo el estudio, los investigadores británicos visitaron las prisiones niponas y danesas, para comparar los tratamientos recibidos por los reclusos adictos.
En la cárcel de Statsfængslet ved Horserød, en Copenhague, el 70% de los internos tiene un historial de abuso de drogas.
En la prisión está en marcha el Proyecto Gente y los invictos reciben terapias cognitivas y familiares, entrevistas motivacionales, tratamiento contra traumas y practican actividades como natación, cocina y pintura.
Como contraste, en la cárcel de Japón que visitaron los reclusos trabajan entre ocho y nueve horas al día y sólo el 7% participa en el programa contra drogas.
El estudio insiste en el "potencial" de estos tratamientos en prisión para reducir la reincidencia.
"Asunción vaga"
En base a esta comparación de políticas, Baker dijo que "queda demostrado que castigar a la gente y aumentar las sentencias no reduce el consumo de drogas".
El ministro liberal demócrata, que firma el documento junto a la conservadora Theresa May, añadió que el debate sobre drogas en Reino Unido en los últimos 40 años se ha basado en "la vaga asunción de que con castigos más duros son más eficaces, pero no hay evicencias de ello".
El debate sobre drogas está de plena vigencia en Reino Unido.
El debate sobre drogas está de plena vigencia en Reino Unido.
A principios de este año, el viceprimer ministro Nick Clegg se comprometió a abolir las penas de prisión por la posesión de drogas para uso personal.
Y retó al primer ministro David Cameron a considerar la despenalización.
Cameron ya había rechazando convocar una Comisión Real para examinar la cuestión.
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