Sicarios admiten crimen de 17 estudiantes buscados en México; las familias incrédulas

Sicarios aliados con policías confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana en el sur de México, que podrían estar entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas, algo que sus familiares se niegan a creer.

 

"Es mentira todo lo que se ha dicho, que los muchachos ya aparecieron (muertos) ... Los muchachos están vivos, nosotros como padres de familia estamos conscientes, lo sentimos", dijo a la AFP María Castrejón, tía de uno de los jóvenes desaparecidos.

 

Familiares y compañeros se manifestaron el domingo en una turística autopista de la región de Guerrero para exigir a ese gobierno, del que desconfían profundamente, que encuentre a los desaparecidos. Luego se concentraron en la escuela donde los jóvenes estudiaban para maestro, conocida por su activismo social.

 

En esa escuela han permanecido desde que hace una semana los jóvenes desaparecieron tras ser víctimas de ataques armados de policías y criminales contra varios autobuses que dejaron seis muertos, tres de ellos estudiantes, en cuya memoria han erigido un altar con flores y velas y escrito pancartas reclamando justicia.

 

La misma tarde del domingo el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dio a la prensa más detalles de un crimen que ha estremecido a México y puesto sobre la mesa de nuevo la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías del país.

 

De acuerdo con Blanco, dos presuntos sicarios del cártel local Guerreros Unidos, que están entre la treintena de detenidos por este caso, han confesado su participación en el asesinato de 17 de los estudiantes desaparecidos, en alianza con la policía local.

 

Según su confesión, los dos pistoleros hicieron descender a tiros a los estudiantes del autobús y se llevaron a 17 de ellos hasta un cerro de la comunidad de Pueblo Viejo (Iguala) "donde tienen fosas clandestinas y donde indican que los ultimaron", señaló Blanco.

 

Alianza de criminales y policías 

 

Los detenidos aseguraron que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado, y que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que solo se conoce el apodo de 'El Chucky', que sería un cabecilla de los Guerreros Unidos según el fiscal, que no apuntó posibles móviles del crimen.

 

Tanto el director de Seguridad Pública como el alcalde están prófugos desde las balaceras en Iguala, situado a unos 200 km de Ciudad de México.

 

Más de 20 policías de ese municipio de 140.000 habitantes fueron detenidos y señalados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo surgido hacia 2010 del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

 

A raíz de declaraciones de los detenidos, el sábado fueron encontradas las fosas clandestinas en un área montañosa ubicada a 2 km de cualquier camino y cercana a la comunidad de Pueblo Viejo, de donde ya se han extraído 28 cuerpos.

 

El fiscal Blanco dijo que los cádaveres hallados "presentan signos de calcinación" ya que los criminales prepararon una cama de troncos sobre la que quemaron los cuerpos con alguna sustancia inflamable.

 

Debido al estado de los cuerpos, el funcionario avanzó que los trabajos para confirmar si entre ellos están los estudiantes se demorarán al menos dos semanas.

 

Padres abrigan esperanzas

 

Para las labores de identificación se pidió la colaboración de nueve especialistas forenses argentinos con el objetivo de dar certeza a los incrédulos familiares, algunos de los cuales dicen haber visto fotografías de los cádaveres y niegan que sean sus hijos.

 

Los familiares, que convocaron a una rueda de prensa en la mañana del lunes, están desconcertados por el ataque que sufrieron los jóvenes.

 

"Uno, como familia, se siente todo mal, sin saber nada de ellos", reconoció a la AFP Óscar García, un adolescente de 17 años que tiene un hermano desaparecido de 19.

 

"Él quería ser maestro bilingüe, de mixteco y español", recordó García, quien relató que su madre no le acompaña porque no habla español, solo la lengua indígena mixteca.

 

Este caso ha conmocionado a México y generado reclamos de la ONU al Estado mexicano para que se encuentre pronto a las víctimas. 

 

Guerrero es una de las regiones más pobres y azotadas por el crimen organizado de México. Además, es una zona de gran conflictividad y violencia social con presencia de pequeños grupos guerrilleros izquierdistas. 

 

México teme estar ante una de las peores masacres desde la intensificación de la lucha militar contra el narcotráfico en 2006 -desde cuando han sido asesinadas más de 80.000 personas- y la peor desde que asumió el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.