Secretario General de OEA califica de "político" juicio a Rousseff

 El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó hoy a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y afirmó que el proceso que puede acabar con su destitución es de carácter "político", carece de "certezas" jurídicas y siembra "dudas" en el organismo.

 

Almagro fue recibido por Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al mismo tiempo que, en la vecina sede del Parlamento, el pleno de la Cámara de Diputados celebraba la primera de tres sesiones en las que definirá si el proceso llega a la instancia definitiva del Senado.

 

"Expresamos nuestras dudas y preocupación", porque "hemos tenido siempre a Brasil como un país que es un ejemplo de legalidad" en el continente, declaró Almagro a periodistas después de una reunión con Rousseff que duró cerca de una hora y media.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que las "dudas" del organismo pasan por los planes "ético, político y jurídico".

 

En el primer caso, indicó que "llama mucho la atención que la presidenta es una persona sobre quien no recae ninguna acusación penal, pero entre quienes las van a juzgar hay personas acusadas y hasta imputadas".

 

Aunque no lo aclaró, pareció aludir a parlamentarios sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción e incluso al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, procesado en la Corte Suprema por su presunta participación en los escándalos de la estatal Petrobras.

 

En lo político, sostuvo que "las mayorías circunstanciales en los parlamentos no resuelven los problemas y las crisis" de los países, en referencia al bloque que parece conformarse en la Cámara baja en favor de que se instaure un juicio político contra Rousseff.

 

En ese marco, también subrayó que "no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas".

 

En ese aspecto, indicó que se trata de "una acusación de carácter político", que consideró "insuficiente" para llegar a un proceso de destitución en un régimen presidencialista.

 

Almagro, excanciller de Uruguay, indicó que las dudas de la OEA se extienden también al terreno político y se apoyan en informes recibidos por ese organismo "en los que se concluye que no hay certezas jurídicas con relación a las acusaciones" contra Rousseff.

 

Las acusaciones contra Rousseff señalan que incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

 

Sin embargo, el Gobierno rechaza esos cargos y solo admite que pudiera haber cometido alguna "falta" de tipo administrativo, que no se contemplan en la Constitución entre los llamados "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a una destitución.

 

Pese a sus afirmaciones, el secretario general de la OEA declinó opinar sobre si en Brasil está en marcha un "golpe de Estado", como dicen el Gobierno, toda la base oficialista y la propia Rousseff.

 

Tampoco precisó si ese organismo pudiera aplicarle a Brasil su llamada "carta democrática" y sancionar al país en caso de que se llegue a la destitución de la mandataria.

 

"Tendremos que estudiar a medida que evolucione la situación", dijo Almagro, quien explicó que "todavía no hay elementos como para hablar de una ruptura democrática", aunque indicó que "tal vez los haya el lunes o martes", en aparente alusión a la votación en que la Cámara baja decidirá el domingo si el proceso avanza al Senado.

 

Para que el proceso llegue a la Cámara alta, que en ese caso decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, la oposición precisa reunir 342 votos, que suponen una mayoría de dos tercios sobre un total de 513.

 

Si el proceso avanza, los 81 miembros del Senado definirán, por mayoría simple, si se inicia el juicio y, en ese caso, Rousseff será apartada durante los 180 días que esa cámara legislativa tendrá para concluir el proceso.

 

En ese caso, la mandataria sería sustituida por el vicepresidente del país, Michel Temer, con quien ha roto toda relación y a quien acusó esta semana de ser "uno de los jefes de la conspiración" que, en su opinión, se gesta para recortar su mandato.