Protestas en Argentina: ocho detenidos y 7 agentes heridos, informa el Gobierno

Durante los enfrentamientos violentos ocurridos entre el miércoles y el jueves en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires, ocho manifestantes fueron detenidos y siete agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, según informó hoy el Gobierno argentino.

Estos disturbios tuvieron lugar en medio de la discusión del proyecto de ley ómnibus en la Cámara baja, impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa busca otorgar al mandatario facultades legislativas en un contexto de emergencia múltiple.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, describió como titánica la labor de las fuerzas de seguridad y afirmó que lograron contener a los individuos violentos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la acción policial, argumentando que evitó un desorden total.

La confrontación entre manifestantes y agentes, siguiendo el estricto protocolo de seguridad del Gobierno de Milei, alcanzó su punto álgido el jueves. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, camiones hidrantes y gas pimienta para reprimir a las personas movilizadas.

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Manuel Adorni declaró: "No estamos dispuestos a que un grupito de violentos intente o quiera o logre frenar un debate legislativo".

Sin embargo, omitió hacer referencia a los periodistas y trabajadores de prensa, aproximadamente una veintena, que resultaron heridos mientras cumplían con su labor en los alrededores del Congreso, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa). Ante las preguntas de la prensa, el portavoz evitó abordar estos hechos y simplemente afirmó que el Gobierno está comprometido con la libertad de prensa.

Estas declaraciones contrastan con las expresadas un día antes, cuando Adorni mostró solidaridad con un periodista de la cadena de televisión argentina TN agredido por manifestantes frente a las cámaras. El accionar policial en la Plaza del Congreso ha recibido críticas de la izquierda, el peronismo y organismos independientes, como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó una investigación sobre posibles delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

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