Perú: la fiscalía citó a la presidenta Dina Boluarte por los muertos en las protestas

El próximo 31 de mayo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, deberá declarar ante la fiscalía como parte de la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo.

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, confirmó la convocatoria y dijo que esperan "con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración".

Agregó que la presidenta peruana está abierta a colaborar con la indagación y que es "momento de cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad".

La Fiscalía de Perú anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

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La Organización de Naciones Unidas hace algunos días dijo que no quieren que las muertes por la crisis social en Perú queden en la impunidad y aseguró que en las protestas contra el gobierno de Boluarte hubo "uso excesivo de fuerza".

"No queremos impunidad, queremos transparencia y que se rinda cuentas. Vamos a seguir atentos para poder asegurarnos de que las investigaciones vayan de acuerdo al derecho internacional", indicó Nyaletsossi Voule relator especial de la ONU en la capital de Perú que pone fin a su visita al país.

Explicó que se deben dar las investigaciones necesarias de manera rápida y transparente, que cuenten con los relatos de las víctimas y sus familias, y que den con los culpables de las muertes en las protestas que comenzaron a principios de diciembre.

"Para resolver la crisis actual, el Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva", señaló el relator.

Además, insistió que para superar esta "situación crítica", el país debe emprender diversas reformas políticas que incluyan los reclamos de las personas que se sienten "abandonadas" por el Estado, por su condición de pobreza, discriminación o desigualdad de oportunidades.

Y reiteró que es "muy importante" comprender la raíz de las protestas, la causa del porqué las personas marcharan en las calles, y aseguró que no fue un motivo únicamente político, sino también económico y social.

"Las protestas fueron una expresión de las profundas brechas con las que cuenta el país", dijo al añadir que no se debe estigmatizar a los que marcharon y que el Estado debe seguir protegiendo el derecho de la protesta pacífica.

El relator realizó una visita al país andino de 10 días y ha compartido con comunidades y diversas autoridades, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, y actores de la sociedad civil.

Agradeció al Gobierno su invitación al país, lo que en sus palabras, muestra que el Ejecutivo está "abierto" a solucionar esta crisis y dispuesto a trabajar en el origen de los problemas que desataron las protestas.

"Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como ya lo mencioné, que condujo a la muerte (de manifestantes) y que también hubo (más) violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron", declaró el relator.

Las protestas antigubernamentales en Perú arrancaron tras el fallido autogolpe de Castillo (2021-2022), lo que el relator de la ONU calificó de una "interrupción del orden inconstitucional", y dejaron 77 personas fallecidas, 49 de ellas en enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden.