La dimisión de Chávarry se da cuando se busca declarar en emergencia a ministerio Público.
El cuestionado fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, presentará su renuncia este 8 de enero de 2019, en medio del rechazo popular por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como por sus decisiones contra el equipo especial del caso Lava Jato.
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"Estoy convocando a Junta de Fiscales Supremos para el 8 de enero en la que, por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi familia, presentaré mi carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación", escribió en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter este lunes.
Chávarry asegura en su comunicado que es un demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de justicia.
"Si soy pretexto para que continúen estos actos ilegales contra la institución a la que represento como Fiscal de la Nación, estoy convocando a la Junta de Fiscales Supremos para presentar mi renuncia".
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La dimisión de Chávarry se da en momentos que en el Congreso se debate un proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra para declarar en emergencia al Ministerio Público y que permitirá el cese de Chávarry en el cargo y la separación temporal de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
La actitud del mandatario responde a que Chávarry anunció el 31 de diciembre -a cuatro horas del fin de año- "dejar sin efecto la designación de los fiscales Rafael Vela y de José Domingo Pérez de las investigaciones del caso de la brasileña Odebrecht.
Luego de que miles de peruanos marcharon el martes, miércoles y jueves exigiendo la renuncia de Chávarry y el retorno de los fiscales Vela y Pérez, el fiscal general dio marcha atrás y los repuso.
Crisis en Fiscalía se había agudizado
La crisis interna en la Fiscalía de Perú se agudizó el miércoles luego del rechazo de dos fiscales a reemplazar a Vela y Pérez, encargados de investigar los presuntos vínculos ilícitos entre la constructora brasileña Odebrecht y expresidentes peruanos.
La decisión de los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar de renunciar a integrar el equipo que investiga a Odebrecht fue una sorpresa para Chávarry, quien los había designado.
Vela tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
Los manifestantes acusan a Chávarry de favorecer la impunidad con el cese de los fiscales claves del caso Odebrecht, a quienes él nombró en julio pasado.
Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de los fiscales Vela y Pérez boicotea un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre la fiscalía brasileña y los fiscales peruanos despedidos para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
Acuerdo afectado
El acuerdo, que debería regir el 11 de enero con una declaración en Sao Paulo del exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, se vio afectado por la decisión de Chávarry de césar en sus cargos a los dos fiscales.
Vela, quien es fiscal coordinador del caso de Lava Jato, confirmó que el acuerdo se vio afectado, pero añadió que posiblemente el poder judicial peruano dé su visto bueno a fines de enero y en febrero se estaría tomando la declaraciones a Barata y a los funcionarios brasileños de Odebrecht.
Chávarry fue elegido fiscal de la Nación el 7 de junio del 2018. Juró al cargo el 20 de julio último con numerosas críticas en su contra por audios que probarían diversos nexos entre él y el ex juez supremo César Hinostroza, supuesto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Hinostroza es considerado como el cabecilla de la organización criminal, se fugó a España donde solicitó asilo. El gobierno español se lo negó y lo tiene preso a pedido de Perú, que gestiona su extradición.
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