Padres de 43 estudiantes desaparecidos en México inician ayuno de 43 horas

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur) desaparecidos hace casi un año iniciaron este miércoles un ayuno de 43 horas en Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus hijos en vísperas de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

"Siendo las 7 de la noche (00h000 GMT) se declara en ayuno los 43 padres de familia por 43 horas por 43 alumnos" desaparecidos la noche del 26 de septiembre en el estado de Guerrero, se anunció a través de un altavoz en el Zócalo (plaza central) donde se realizará la protesta.

 

En frente de la Catedral Metropolitana se instaló una carpa blanca en la que ingresaron los padres de los 43 desaparecidos que llevaban consigo un cartelón con la imagen y el nombre de sus hijos.

 

Dentro de la carpa fueron colocadas sillas donde los padres y madres, con rostro cansado y gesto de tristeza, se sentaron en espera de una revisión por parte de médicos para comprobar su estado de salud para iniciar el ayuno, que concluirá el viernes. 

 

"Aquí estamos un papá o una mamá de cada uno de los 43. Durante las 43 horas sólo vamos a tomar agua y así en ayuno nos vamos a ver al presidente", dijo a la AFP Nardo Flores, padre de Bernardo, uno de los desaparecidos.

 

La reunión con Peña Nieto, la segunda desde la tragedia, está pactada a las 13h00 (18h00 GMT) en un museo del turístico bosque de Chapultepec.

 

"Iremos a la reunión con el presidente porque es la máxima autoridad, de él depende la Procuraduría General (fiscalía), exigiremos una investigación pronta, la presentación con vida de los 43 y que se reconozca que no hay tal 'verdad histórica'", dijo de su lado Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, durante un mitin.

 

La fiscalía ha defendido lo que denomina una "verdad histórica", según la cual la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa fueron atacados por policías locales coludidos con criminales en Iguala, cuando los jóvenes tomaron a la fuerza autobuses para sus movilizaciones políticas. 

 

Los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a un grupo narcotraficante, que los asesinó por sospechar que eran miembros de un cártel rival para luego incinerar los cadáveres en el basurero de la comunidad de Cocula y echar los restos a un río, según la fiscalía.

 

La versión ha sido cuestionada sin embargo por un grupo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.