Ecuador tiene ocho meses para regularizar a 96 980 venezolanos a través de la amnistía migratoria

El Gobierno tiene ocho meses para regularizar a 96 980 venezolanos que viven en situación de movilidad humana en Ecuador. Lo hará por medio de un proceso de amnistía migratoria que dispuso el Decreto Ejecutivo 370, publicado el pasado 23 de agosto.

Pero el proceso no es inmediato, pues según el documento, "en el plazo de un mes desde la divulgación del decreto, el ministerio del Interior dictará la normativa secundaria que contendrá el alcance de la amnistía migratoria".

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Mientras tanto, en el plazo de dos meses, el ministerio de Relaciones Exteriores dictará la normativa secundaria para establecer los procedimientos y requisitos necesarios para la implementación del proceso de regularización e iniciará la regularización extraordinaria".

Así la comunidad venezolana podrá acceder a una visa de residencia temporal de excepción denominada Virte II, que dura dos años, plazo prorrogable una sola vez por el mismo periodo.

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Cada aplicante podrá incluir a su grupo familiar y también pueden presentar la solicitud menores de edad, no acompañados o separados de sus padres, que obtuvieron el certificado de permanencia migratoria, y que desde este 23 de agosto cumplieron 18 años.

No consta el certificado de antecedentes penales del país de origen. El decreto señala que será el ministerio del Interior mediante las alertas generadas por el Centro de Inteligencia Estratégica en Coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía que determinará el riesgo o amenaza a la seguridad y estructura del estado que puede presentar el solicitante.

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No obstante, se desconoce cómo Ecuador obtendrá la información de un extranjero venezolano, en caso de estar vinculado a delitos en su país de origen, dado que Ecuador y Venezuela actualmente tienen rotas sus relaciones diplomáticas.

Un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2023, señala que los gobiernos de Colombia, Ecuador, Chile y Perú no han podido, o no han querido proteger a quienes huyen de Venezuela. Asimismo, que los programas implementados no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional.