México y expertos de CIDH acuerdan seguir investigación sobre Ayotzinapa

El gobierno de México y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron este martes las bases para continuar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur), pero la colaboración de miembros de fuerzas de seguridad aún está en duda.

 

Luego de seis meses de trabajos, enfocados en recoger testimonios de víctimas, familiares y agentes del gobierno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México, seguirá por un nuevo periodo a partir de noviembre, aún sin una extensión definida.

 

Según el documento de diez puntos acordado entre las partes, la investigación oficial, trasladada a una fiscalía especial - la Subprocuraduría sobre derechos humanos de la Procuraduría (Fiscalía) -, deberá incorporar las recomendaciones que la GIEI formuló en su informe de septiembre.

 

En su reporte 560 páginas el grupo de expertos internacionales que refutó la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron asesinados e incinerados por sicarios en un basurero, poniendo en entredicho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

 

"La búsqueda de los estudiantes normalistas continúa y continuará", dijo el director de la Subprocuraduría, Eber Betanzos, durante el 156º período de sesiones de la Comisión -órgano autónomo de la OEA-, anunciando la "mayor voluntad" de colaborar con los cinco expertos internacionales.

 

Con la "virtud" de contar "con nuevos ojos" de especialistas en desapariciones, el relanzamiento de la investigación abre la posibilidad a seguir las hipótesis planteadas por el GIEI, dijo la exfiscal colombiana Ángela Buitrago.

 

Aunque los expertos, los representantes de los familiares y el gobierno mexicano concuerdan en extender el mandato del grupo internacional por otros seis meses, en definitiva serán los miembros de la CIDH quienes den el visto bueno, presumiblemente durante este periodo de sesiones.

 

El acuerdo establece las "condiciones que nos van a permitir hacer un buen trabajo en nueva etapa", aseguró Carlos Beristain, el médico español integrante del GIEI en una rueda de prensa posterior a la sesión.

 

Uniformados, un obstáculo

La investigación internacional es un hito en México, un país convulsionado por la violencia, pero especialmente sensibilizado por la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normalista de Iguala (Guerrero, sur), el 26 de septiembre de 2014.

 

Pero el ambicioso esfuerzo, que pretende reencausar la búsqueda de los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables y la atención a las víctimas y familiares, luce sin embargo obstaculizado por la negativas del Estado a que los expertos interroguen directamente a policías señalados de haber estado en varias de las escenas donde fueron vistos por última vez los jóvenes.

 

La versión más manejada hasta hoy ha sido que policías atacaron a los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y luego los habrían entregados al cartel de drogas local Guerreros Unidos. Este grupo los confundió con miembros de un clan rival y los habrían asesinado e incinerado luego en un basurero, aunque esa historia fue rechazada por los familiares de las víctimas.

 

El subsecretario mexicano de Gobernación (Interior), Roberto Campa, subrayó durante la audiencia que un cara a cara de los expertos con los uniformados "no forman parte de los puntos convenidos en el acuerdo", e indicó que "esa diligencia tiene que hacerse a través del Ministerio Público".

 

Una interrogante abierta es cuál fue exactamente el papel que jugaron los militares y la policía federal aquella fatídica noche.

 

"Lo que tenemos son dudas por eso es que solicitamos preguntas directas", insistió luego la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, del GIEI.

 

Sobre los militares "siempre hay una respuesta evasiva", dijo su colega Buitrago, resaltando que el grupo de expertos aun no tiene conocimiento sobre los testimonios que 16 miembros de un batallón ofrecieron a la Fiscalía en agosto.

 

Pero aunque los expertos consideran clave su participación in situ en los interrogatorios con los efectivos militares, descartan que la posición de México sea una piedra de tranca. 

 

"Lo interpretamos como una búsqueda de consensos a posteriori", afirmó Buitrago.

 

La audiencia sobre Ayotzinapa, una de las más esperadas de la semana de sesiones en la CIDH, fue abarrotada de activistas y periodistas en la sede del organismo en Washington.

 

Marco Patrón, de la ONG Centro PRODH, destacó el papel del GIEI al tiempo que solicitó a las autoridades mexicanas cumplir con las recomendaciones del grupo.

 

"Que Ayotzinapa sea un punto de inflexión y no retorno (...) Hoy todo México necesita las transformaciones que solo puede traer la verdad", señaló.