Martín Vizcarra gobernará Perú hasta 2021

El primer ministro peruano anunció el miércoles que el presidente Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio de 2021 y no renunciará al cargo como solicitó la oposición, dos días después que el mandatario disolvió el Parlamento en medio de la mayor crisis política de Perú en más de 25 años.

 

Vicente Zeballos indicó también que siguen reconociendo como vicepresidenta a Mercedes Aráoz, quien la víspera renunció al cargo que ejercía desde 2016 y al nombramiento de presidenta realizado el lunes en una inusual ceremonia por el disuelto Parlamento en un abierto desafío al cierre de ese poder realizado minutos antes por Vizcarra. “Ella sigue siendo vicepresidenta”, dijo Zeballos a la radio local RPP.

 

El lunes Vizcarra cerró el Parlamento unicameral después de que le negó la aplicación de rigurosos filtros al proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de decisión en asuntos constitucionales, clave en el manejo del poder local y en el cual la oposición legislativa buscaba nombrar a candidatos afines a sus intereses.

 

La víspera Aráoz publicó una carta dirigida al Parlamento disuelto en su cuenta oficial de Twitter en la que anunció su renuncia debido a que “no existen las condiciones mínimas para ejercer el encargo” y le pidió a Vizcarra que convoque a elecciones “en el más breve plazo”.

 

La dimisión de Aráoz disminuyó el clima de incertidumbre política que reinaba en Perú desde la disolución del Parlamento dominado por el partido opositor Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión mientras la fiscalía la investiga por el presunto financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

 

Zeballos también se mostró de acuerdo con la sugerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) que propuso que el Tribunal Constitucional de Perú se pronuncie sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento disuelto de reemplazar al mandatario por Aráoz.

 

El martes Aráoz fue denunciada por el delito de usurpación de funciones por dos destituidos legisladores que estaban a favor de la disolución del Parlamento. En Perú se castiga el delito de usurpación de funciones con hasta siete años de cárcel.

 

En un comunicado publicado la víspera, la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.

 

El nuevo primer ministro dijo también que los legisladores del disuelto Parlamento no podrán postularse ni en la elección legislativa de 2020 ni en los comicios de 2021, cuando también se elegirá al sucesor de Vizcarra.

 

Las fuerzas armadas, policiales y la Asamblea de Gobiernos Regionales además de la mayoría de los peruanos manifestaron su apoyo a Vizcarra, mientras que Aráoz no recibió ningún respaldo público.

 

Tras el cierre del Parlamento sólo quedó en funcionamiento -de acuerdo con la ley peruana- una Comisión Permanente parlamentaria compuesta por 27 legisladores. Su función será acumular los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020. Se espera que Vizcarra y Zeballos nombren pronto a su gabinete.

 

En 1992, además de disolver el Parlamento, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.

 

Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está condenado por corrupción.