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Otras 16 alcaldías fueron evacuadas y cerradas de forma preventiva. Es el caso de Iguala, la ciudad de 140.000 habitantes donde desaparecieron los 43 estudiantes.
Las movilizaciones contemplan la apropiación de las sedes de gobierno en los 81 municipios.
Indignados, centenares de maestros y estudiantes mexicanos alistaban una gran manifestación este viernes en la turística Acapulco, después de tomar el jueves varias alcaldías de Guerrero (sur) para exigir que se encuentre con vida a 43 jóvenes desaparecidos.
Las movilizaciones contemplan la apropiación de las sedes de gobierno en los 81 municipios de Guerrero pero en su primera jornada sólo fueron tomados tres, según la autoridad regional.
"No tenemos la capacidad para tomar los 81 ayuntamientos en un mismo día, así que el plan de acción es hacerlo de forma paulatina", explicó José Ángel Barón, vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, un sindicato conocido por su beligerancia.
En Huamuxtitlán, un pueblo a 490 km de Ciudad de México, el alcalde Johnny Saucedo dijo por teléfono a la AFP que unos 200 maestros "mantienen tomado el palacio (de gobierno) y nosotros somos respetuosos de la manifestación".
Otras 16 alcaldías fueron evacuadas y cerradas de forma preventiva. Es el caso de Iguala, la ciudad de 140.000 habitantes donde desaparecieron los 43 estudiantes, tras ser baleados por policías y sicarios la noche del 26 de septiembre.
Trabajadores de la alcaldía de Iguala sacaron máquinas de oficina y documentos ante una inminente irrupción de los manifestantes que también tienen previsto ocupar las casetas de peaje de la autopista que une Ciudad de México y Acapulco.
En Acapulco, un puerto que es un ícono del turismo internacional, las autoridades esperan por lo menos 35.000 manifestantes que confluirán en la avenida costera.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pidió "civilidad" a los manifestantes para no afectar a la principal actividad económica de la región.
Aguirre, un gobernador elegido por la izquierda, es blanco de pedidos de renuncia de los estudiantes, que le cuestionan no haber actuado frente al crimen organizado.
Los estudiantes enfurecidos
El presidente Enrique Peña Nieto pidió tiempo para esclarecer el caso pero la presión aumenta entre la comunidad internacional y la población mexicana, harta de años de violencia.
Los jóvenes estudiantes de una escuela rural de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos, la mayoría entre 18 y 21 años, habían viajado a Iguala para recaudar fondos y se apoderaron de varios autobuses para regresar a su escuela.
Los policías dispararon contra los autobuses y provocaron seis muertes. Decenas de jóvenes que sobrevivieron a los ataques fueron, según autoridades, entregados por policías municipales a miembros del cártel Guerreros Unidos, dominante en la región.
Los investigadores sospechan que pudieron ser asesinados y enterrados en las fosas clandestinas que abundan en los cerros de Iguala, donde grupos criminales se deshacen de sus víctimas.
Varias fosas fueron ubicadas en las últimas semanas gracias a la confesión de personas detenidas por participar en los ataques. Pero las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que no corresponden a los estudiantes.
Las familias de los 43 jóvenes se resisten a creer que sus hijos estén muertos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos.
Para romper la desconfianza, la policía federal incorporó algunos familiares a la búsqueda que hacen 1.200 efectivos por tierra, aire y hasta en lanchas con buzos.
Hermana defiende al alcalde
La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero admite que no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.
Mientras tanto más pruebas van apareciendo de la infiltración de los Guerreros Unidos en las autoridades de Iguala.
La fiscalía detuvo el miércoles a Raúl Núñez Salgado, que presuntamente entregaba cada mes 600.000 pesos (43.000 dólares) a nombre de Guerreros Unidos al subdirector de Seguridad Pública de Iguala.
Este funcionario es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, hermana de tres narcotraficantes.
Una hermana menor del edil dijo a la AFP que Abarca es inocente y que antes de huir, un día después de las desapariciones, dijo a su familia: "Yo les encargo mi casa y mis hijos. Esto se va a arreglar, confíen en mi".
Roselia Abarca asegura que desde entonces la familia unida reza cada noche "para que los estudiantes aparezcan y él quede limpio".
Además, el gobernador Aguirre destituyó a su secretario de Salud, Lázaro Mazón, para que se le investiguen las relaciones "que tenga o tenía con José Luis Abarca".
Inmediatamente la fiscalía general dijo que "invitó a declarar" a Mazón en sus instalaciones de Ciudad de México para que aporte información sobre el crimen de Iguala.
El caso ha colocado en una situación delicada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el principal partido opositor de izquierda, que postuló tanto a Aguirre como a Abarca.
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