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Bélgica intenta superar la resistencia de algunos Estados miembros para establecer una legislación que obligue a las empresas de internet a detectar y eliminar contenido de abuso infantil.
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Parlamento Europeo( )
Bélgica, como presidente del Consejo de la Unión Europea, enfrenta desafíos significativos para lograr que los Estados miembros apoyen una propuesta legislativa. Esta ley exigirá a las empresas de internet detectar, informar y eliminar todo contenido relacionado con abusos sexuales a menores.
El tema estaba programado para ser tratado este jueves en una reunión de los embajadores permanentes de los países ante la Unión Europea (el llamado Coreper). Sin embargo, fue retirado de la agenda en el último momento debido a la falta de una mayoría cualificada, es decir, el 55 % de los países que representen al menos el 65 % de la población, necesaria para avanzar con la propuesta, según informaron fuentes diplomáticas.
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Las consultas sobre este asunto continuarán “en una atmósfera serena”, indicaron las mismas fuentes, esta cuestión sigue siendo una de las prioridades para los países de la UE.
“El trabajo continuará para encontrar una posición y comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo”
El reglamento de Bruselas propone revisar las comunicaciones privadas para detectar imágenes de abuso, que incluye programas como Signal o WhatsApp. Esta propuesta ha generado críticas tanto de plataformas tecnológicas como de defensores de la privacidad, quienes argumentan que podría llevar a una vigilancia masiva.
Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, intentó disipar estas preocupaciones.
“Permítanme aclarar una cosa sobre nuestro proyecto de ley para detectar el abuso sexual infantil en línea (...) Nuestra propuesta no rompe el cifrado. Nuestra propuesta preserva la privacidad y cualquier medida que se adopte debe estar en consonancia con las leyes de privacidad de la UE”
La semana pasada, los ministros de Interior de la UE no lograron un acuerdo sobre una propuesta presentada en 2022, debido a preocupaciones sobre la privacidad. En la reunión de hoy se buscaba un “mandato parcial” del Consejo para establecer las obligaciones de las empresas de internet respecto a la detección y eliminación de material de abuso infantil.
El mandato parcial excluye por ahora la creación de un nuevo centro europeo que apoye a las autoridades en los informes de abuso sexual infantil, aunque este centro está previsto en el reglamento para recopilar e intercambiar conocimientos y mejores prácticas.
El principio de “control de chats” busca transformar los teléfonos inteligentes para vigilar las comunicaciones privadas mediante algoritmos, según el diario belga “Le Soir”.
Actualmente, algunas empresas ya practican esta vigilancia, controlada por multinacionales privadas, pero la nueva legislación transferiría esta supervisión al ámbito regulador.
La propuesta ha generado oposición de 80 ONG, que sostienen que no respeta las normas europeas sobre vigilancia masiva y podría ser impugnada ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Críticos de la normativa señalan también su ineficacia, argumentando que un algoritmo podría no diferenciar entre pornografía infantil y un “selfie” consensuado entre menores, lo cual podría resultar en envíos erróneos a las autoridades.
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