Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzaron el pasado 12 de febrero.
En Venezuela la represión es "sistemática" y las fuerzas de seguridad junto con pandillas civiles armadas atacan a los opositores con impunidad, afirmó hoy el grupo Human Rights Watch (HRW) después de una visita a ese país.
"La magnitud de las violaciones de los derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados", dijo en conferencia de prensa José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
En un informe de 39 páginas titulado "Castigados por protestar", HRW presentó sus conclusiones tras una investigación llevada a cabo en marzo con visitas a Caracas y los estados de Carabobo, Lara y Miranda y entrevistas con "gran cantidad de víctimas de abusos, sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas y defensores de derechos humanos".
Las infracciones denunciadas tuvieron lugar en las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro que comenzaron el 12 de febrero pasado en Caracas y otras varias ciudades, en las que hubo enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
La embajada de Venezuela en Washington indicó que la respuesta a la denuncia procederá de Caracas. El Gobierno venezolano ha descrito las protestas como violentas y "sin duda algunos manifestantes han apelado a métodos violentos contra las fuerzas de seguridad", indicó el informe.
El documento incluye detalles de 45 casos que afectan a más de 150 víctimas en los cuales, según HRW, "miembros de las fuerzas de seguridad han vulnerado los derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas".
Vivanco describió la acción de "pandillas civiles armadas" que, con anuencia de las fuerzas de seguridad, atacan a los grupos opositores y afirmó que la Guardia Nacional Bolivariana y otras agencias progubernamentales "han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas".
En la mayoría de los casos documentados por HRW las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y permanecieron retenidas hasta 48 horas o períodos más prolongados, muchas veces en establecimientos militares.
"Allí sufrieron nuevos abusos, como golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras", añadió Vivanco.
Según HRW, a numerosos detenidos que habían sufrido heridas por perdigones y fracturas por las golpizas se les negó o demoró la atención médica y "en varios casos guardias nacionales y policías sometieron a detenidos a abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual".
Vivanco sostuvo que "debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos documentados, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la Justicia".
"Para que estos esfuerzos sean creíbles, el Gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas", agregó.
HRW indicó que los Gobiernos latinoamericanos que forman parte de organismos regionales en los cuales participa Venezuela -como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Organización de Estados Americanos (OEA)- "deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas".
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