Gobierno rumano, bajo presión ante nuevas manifestaciones

El Gobierno rumano está bajo presión este 6 de febrero ante las nuevas manifestaciones previstas por la noche, un día después de una movilización récord de medio millón de personas, muchas de las cuales exigieron la dimisión del Ejecutivo. 

 

Aunque el primer ministro derogó el domingo el decreto que provocó las protestas, un texto que despenalizaba delitos de corrupción, los manifestantes no tienen intención de detener el movimiento iniciado hace seis días en este país de 20 millones de habitantes.

 

El domingo por la noche, al menos 500.000 personas, según los medios rumanos, llenaron las calles de Bucarest y de unas 50 ciudades de Rumanía, gritando palabras como "dimisión" y "ladrones". 

 

El Gobierno dirigido por Sorin Grindeanu "no tiene ningún motivo para dimitir", aseguró el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) Liviu Dragnea, tras una reunión de los diputados de esa formación. 

 

Pero, en las redes sociales, continúa la movilización popular, la mayor desde la caída del régimen comunista, a finales de 1989. 

 

"Si volvemos a bajar a la calle esta noche no resistirán. Es ahora o nunca, sería magnífico si pudiéramos ser aún más numerosos", escribe un internauta, Galbus, en la cuenta de Facebook "Coruptia ucide" (la corrupción mata), utilizada por los manifestantes. 

 

El ministro de Justicia, Florin Iordache, criticado por haber adoptado esa revisión del código penal mediante decreto, anunció que el Parlamento estudiará próximamente un proyecto de ley que tomará en cuenta las críticas populares.  

 

Pero ese anuncio no ha convencido a los manifestantes. "Quieren volver con un nuevo texto al Parlamento. Seguiremos atentos para que no nos engañen", dice Daniel, de 35 años. 

 

El Gobierno cierra filas

 

Entre otras cosas, el decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción. 

 

Sus críticos temían que el texto atestara un duro golpe a la lucha contra la corrupción, que se intensificó en los últimos años en el país. 

 

El analista político Cristian Tudor Popescu compara al Gobierno de Grindeanu con "un ladrón que espera ser perdonado si devuelve lo que ha robado", una actitud que no pondrá fin a las manifestaciones, según él. 

 

Pese a la retirada del decreto, el Constitucional deberá pronunciarse sobre varios recursos presentados la semana pasada contra la ley.