Junto al Consejo de Ministros se aprobó la prohibición del despido por incapacidad, una reforma normativa demandada por el comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
El Gobierno de España ha aprobado la prohibición del despido sobrevenido por incapacidad, también conocido como despido por ineptitud sobrevenida. Este anuncio fue realizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el pasado viernes.
En el Consejo de Ministros de este martes, Díaz destacó la modificación del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. “Es la primera vez que se hace una reforma profunda en el despido en España”, subrayó.
Este cambio busca corregir la discriminación y evitar que la condición de persona con discapacidad implique automáticamente la terminación de la relación laboral, un problema que ha persistido en España.
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Derechos para las personas con discapacidad
El cambio normativo introduce la posibilidad de que las personas con discapacidad elijan si desean continuar en su puesto de trabajo o si prefieren que su relación laboral se extinga. En caso de optar por permanecer en el empleo, el puesto deberá ser adaptado a sus necesidades. Este enfoque busca evitar que las empresas decidan unilateralmente sobre la continuidad laboral de estas personas. Díaz afirmó: “Hoy, nuestro país es mejor, somos más europeos”.
La nueva norma establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones implemente cambios en relación con las invalideces de carácter permanente y sus distintos grados.
Estos cambios incluyen ajustes terminológicos en la legislación laboral para eliminar efectos peyorativos. Díaz celebró estos avances como un paso hacia un país más social y europeo, con más derechos para los trabajadores.
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) había denunciado que la regulación vigente del despido automático por discapacidad sobrevenida vulneraba el derecho al empleo y la ocupación de las personas con discapacidad, tal como establece el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La reforma busca poner fin a esta vulneración y proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad en España.
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