Fiscal general de Colombia renuncia

El fiscal general de Colombia renunció este miércoles a su cargo luego de que la justicia de paz ordenara la liberación de un líder de las FARC, detenido desde abril de 2018 y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

 

Néstor Humberto Martínez presentó su "renuncia irrevocable" ante su negativa a liberar al excomandante guerrillero Jesús Santrich, ordenada más temprano por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que implica que no puede ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses. 

 

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"Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general", declaró Martínez en Bogotá.

 

Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del acuerdo en 2016.

 

La JEP consideró ante un recurso interpuesto por la defensa de Santrich que las pruebas de la fiscalía en su contra "no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". Y que Estados Unidos no le envió evidencia contra el excomandante. 

 

Se "adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía", afirmó Martínez. "Las pruebas son concluyentes, inequívocas".

 

Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante. Y el presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo por considerarlo indulgente con los rebeldes, es partidario de enviarlo.

 

Duque convocó a una reunión extraordinaria en la sede presidencial para evaluar la sentencia y la renuncia de Martínez.

 

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 - Llamado a protesta -

 

El ahora exfiscal llamó a protestar en contra del fallo de la JEP, con la que ha tenido choques públicos por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional. 

 

"Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad", aseguró.

 

La fiscalía sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de presuntos delitos. Pero la jurisdicción especial apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" a seguir contra un acusado.

 

El histórico pacto de paz blinda a los exguerrilleros frente a los requerimientos de extradición, pero establece que quienes cometan delitos tras la firma del acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria.

 

Santrich, que deberá seguir compareciendo ante la JEP, estaría implicado en el envío de diez toneladas de droga entre junio de 2017 y abril de 2018.

 

Martínez, abogado de 65 años, ha afrontado desde diciembre el pedido de renuncia de diversos sectores por revelaciones periodísticas que lo vinculan al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.

 

El exfiscal habría conocido las irregularidades de la constructora brasileña cuando era abogado de un socio de Odebrecht en el país, pero no denunció.

 

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 - "Respeten el fallo" -

 

Santrich reivindicó como un triunfo la orden de libertad ante un "sucio montaje", del que responsabilizó al Departamento de Estado estadounidense y la fiscalía colombiana.

 

"Espero que el gobierno, la fiscalía y otras instancias respeten el fallo", afirmó en un audio enviado desde prisión.

 

De 52 años y con deficiencia visual, Seusis Paucias Hernández, su nombre legal, es reconocido como uno de los radicales del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

 

Participó como negociador en los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla poderosa comunista en Cuba, que condujeron al desarme de 7.000 combatientes en 2017.

 

Desde la cárcel ha comparecido ante la JEP en casos de secuestros atribuidos a las FARC. La captura le impidió posesionarse en julio como representante a la Cámara, un escaño que le garantiza el acuerdo para el periodo legislativo 2018-22.

 

El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, declinó ocupar su puesto en el Senado por el encarcelamiento de Santrich. Desde entonces se desconoce su paradero y el de otros exguerrilleros que denuncian incumplimientos a lo convenido.

 

El acuerdo prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.