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El expresidente Duterte hace frente a un largo proceso en la CPI que promete agitar la política filipina
Detención de Duterte en La Haya marca el inicio de un largo juicio por crímenes de lesa humanidad, mientras la política filipina se agita y surgen protestas y acoso en línea.
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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, jura al asistir a una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas durante su administración, en Manila, el 28 de octubre de 2024.( )
La detención y traslado a La Haya hace una semana del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue solo el espectacular inicio de un juicio por el crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas, un proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI) que puede durar años y que promete agitar la política del país asiático.
"El periodo medio de los juicios de la CPI a fecha del pasado enero era de 8 a 9 años, y eso es mucho tiempo", constató a EFE la abogada filipina Kristina Conti, una de las representantes de las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas.
Miembro de la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL) que apoyó la denuncia de Duterte ante el tribunal internacional, Conti explicó que los factores que pueden retrasar el juicio son muchos y variados.
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"Puedes tener abogados que disputan cada pequeño detalle", dijo, o "la necesidad de presentar a otros sospechosos u acusados ante el tribunal".
Tampoco descartó el fallecimiento del artífice de la guerra contra las drogas, de 79 años de edad, bajo cuyo mandato (2016-2022) murieron unas 6 000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30 000.
El comienzo oficial del juicio no tendrá lugar hasta el próximo 23 de septiembre, fecha fijada por la CPI en una sesión preliminar el pasado viernes, en la que el expresidente compareció por primera vez ante el tribunal para ser informado de sus derechos y del crimen del que se le acusa.
Duterte reorganiza su defensa
El principal abogado de Duterte, Nicholas Kaufman, denunció ayer a los medios de comunicación en La Haya que al expresidente se le "negaron completamente todos sus derechos" durante su detención en Filipinas hace una semana.
Durante las tensas horas entre su arresto y el despegue del avión que lo condujo de Manila a La Haya, el expresidente ya denunció que sus derechos estaban siendo violados al no ser Filipinas miembro de la CPI.
Aunque el propio Duterte retiró al país asiático del organismo en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre la guerra contra las drogas, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.
Las denuncias del expresidente llegan en medio de una reorganización de su defensa legal.
Su hija, la vicepresidenta filipina Sara Duterte, anunció la noche del martes que dos de las caras más públicas de la defensa legal de Duterte dejarán de representarlo frente a la CPI: Harry Roque y Salvador Medialdea, exportavoz presidencial y ex secretario ejecutivo respectivamente.
Roque, por revelar que pedirá asilo en Países Bajos al denunciar que es víctima de una persecución política en Filipinas, y Medialdea por su falta de experiencia como abogado ante el tribunal internacional.
Las repercusiones en Filipinas
La detención del expresidente ha revuelto las ya de por sí agitadas aguas de la política filipina, a menos de dos meses de las elecciones a mitad de mandato del 12 de mayo. Los comicios son vistos como un referéndum a las políticas de Marcos Jr. y como una prueba de la popularidad del clan Duterte.
Sara Duterte selló una alianza ganadora con Marcos Jr. en las elecciones presidenciales de 2022, pero desde entonces la relación entre ambos se ha desplomado por completo. La vicepresidenta se enfrenta a un juicio político ante el Senado, por acusaciones de corrupción.
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La portavoz presidencial, Claire Castro, afirmó hoy durante una rueda de prensa que el Gobierno "no se está cebando" con la familia Duterte. Aún así, analistas consultados con EFE coincidieron en señalar que la detención del expresidente no habría tenido lugar si las relaciones del clan con Marcos Jr. no hubiesen saltado por los aires.
El pasado domingo, miles de personas mostraron su apoyo a Duterte en su feudo, la ciudad sureña de Davao, y otras ciudades del país incluyendo la capital. Sus seguidores han prometido marcar con nuevas movilizaciones el 80 cumpleaños del expresidente, el próximo 28 de marzo.
Acoso en las redes sociales
Además de desatar protestas en las calles, la NUPL denunció hoy que el juicio contra Duterte ha desatado una campaña de acoso en línea de sus seguidores hacia familiares de víctimas de la guerra contra las drogas y sus abogados.
"Denunciamos enérgicamente la campaña orquestada de desinformación, acoso y violencia de género en línea contra la abogada Kristina Conti, las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas y otros defensores de los derechos humanos", afirmó en un comunicado la organización, que apoyó la denuncia de Duterte ante la CPI y a la que pertenece la letrada.
La propia Conti señaló a EFE, sin embargo, que este acoso dirigido también contra las juezas de la CPI podría volverse en contra del expresidente, ya que el Estatuto de Roma prevé en su artículo 70 el delito ataques a la corte y otros supuestos como la intimidación de testigos.
"Creemos que podría invocarse para enjuiciar o investigar, como mínimo, estos actos de acoso en línea sobre el tribunal y las posibles víctimas del caso", advirtió la letrada.
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